Evelin y Gustavo Quebedo han hecho la declaración de la renta cada año durante más de una década.
Por Miriam Jordan y Andrew Duehren | The New York Times
El hecho de ser migrantes indocumentados no los ha disuadido de hacerlo.
“Nuestro pensamiento ha sido que, si algún día hay una reforma de la migración y la posibilidad de legalizar nuestra situación, podemos demostrar que declaramos nuestros impuestos, que no somos una carga, que hacemos lo correcto”, dijo Quebedo, mecánico de automóviles, que vive con su familia en Los Ángeles.
Pero a medida que se acercaba el 15 de abril de este año, la pareja, que llegó a Estados Unidos procedente de Centroamérica, se debatía entre declarar o no.
Sus temores, compartidos por muchos de los millones de personas indocumentadas que presentan declaraciones de la renta, tienen su origen en la decisión adoptada el año pasado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) de facilitar a los funcionarios de inmigración las direcciones de las personas sujetas a deportación, lo que representa una ruptura con las prácticas habituales de la agencia tributaria.
El cambio causó conmoción en el IRS, una agencia en la que la privacidad del contribuyente ha sido un artículo de fe, y en las comunidades de migrantes, donde la presentación de declaraciones de la renta se consideraba una forma de que las personas indocumentadas demostraran que cumplían las leyes fiscales del país.
El fisco federal podría verse afectado. A muchos migrantes indocumentados se les retienen impuestos en cada nómina, pero a los expertos les preocupa que algunos puedan comenzar a trabajar en negro. Otros con ingresos menos formales podrían omitir la declaración de la renta y, por tanto, no pagar impuestos federales. El Laboratorio Presupuestario de Yale, un centro de investigación no partidista, prevé una pérdida de ingresos fiscales de unos 300.000 millones de dólares en una década.
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