La extradición es, en la más pulcra noción del derecho penal internacional, un procedimiento penal, jurisdiccional y diplomático mediante el cual un Estado soberano transfiere a un peligroso criminal requerido por otra jurisdicción para que sea procesado o cumpla larga condena por graves delitos tipificados en leyes sustantivas y que, además, reúnen los requisitos de doble incriminación, seriedad del cargo y culpabilidad delictiva.
Este es un procedimiento sui generis, híbrido entre diplomacia y justicia, que opera bajo pactos bilaterales o multilaterales y que exige un escrutinio meticuloso de pruebas, garantías procesales y respeto a los derechos humanos.
En el contexto moderno, la extradición no es un simple trámite de entrega; es, más bien, un mecanismo de cooperación judicial que busca colmar los vacíos jurisdiccionales cuando un Estado fallido no puede impartir justicia expedita, eficaz y desprovista de corrupción o de intereses espurios, y opta por transferir al sujeto al foro penal más idóneo para ventilar las imputaciones.
Los procesos de extradición son tan antiguos como los sistemas jurídicos internacionales, pero en la modernidad se configuran como instituciones articuladas a partir del siglo XIX, con proliferación de tratados tras las guerras napoleónicas y los congresos de paz europeos. Bajo las reglas del derecho internacional, los Estados comenzaron a formalizar compromisos de entrega de prófugos tras entender que algunos crímenes (piratería, terrorismo, tráfico de estupefacientes) trascienden fronteras y vulneran no solo la ley interna, sino el pacta sunt servanda que gobierna las relaciones interestatales.
Cuando un acusado fuga hacia otra jurisdicción, cuando el aparato estatal no puede o no quiere procesarlo, cuando los mecanismos internos son permeables a la corrupción, o cuando existe el riesgo fáctico de impunidad sistémica, la extradición aparece como providencial válvula regulatoria del orden penal internacional.
En la América Hispana, esta dinámica se agudizó con el auge del narcotráfico: organizaciones criminales de enorme envergadura operan en múltiples países, crean redes de blanqueo y corrupción, e infiltran instituciones estatales, haciendo inviable una sanción eficaz dentro de los límites nacionales. La frontera de la justicia colapsa y la extradición deviene en herramienta indispensable para desmantelar estructuras delictivas cuyo radio de acción trasciende cualquier sistema penal local.
Históricamente, Colombia fue escenario de algunas de las primeras grandes extradiciones de narcotraficantes en el hemisferio occidental. Durante los años 1980 y 1990, figuras emblemáticas del Cartel de Medellín combatieron ferozmente la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos bajo la bandera de Los Extraditables, una organización terrorista cuya consigna era “preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos”.
Más recientemente, en 2025, autoridades colombianas extraditaron a nueve peligrosos criminales vinculados con carteles y disidencias armadas, responsables de envíos industriales de cocaína y coordinaciones transfronterizas, como parte de acuerdos con la justicia estadounidense.
La política mexicana de extradiciones ha experimentado una metamorfosis compleja, variando entre resistencia histórica y cesión pragmática ante la presión diplomática de Washington. En un hito sin precedente, México trasladó (en algunos casos bajo la figura legal distinta de “traslado”) a decenas de criminales, entre ellos notables capos del narcotráfico como Rafael Caro Quintero (figura central en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena) y los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, hacia duras prisiones estadounidenses.
Este giro responde no solo a compromisos internacionales sino a dinámicas sistémicas donde la violencia del narcotráfico ha colapsado parcialmente la capacidad estatal mexicana de procesar con eficacia a los grandes capos, generando un caldo de cultivo de impunidad que solo puede ser mitigado mediante cooperación judicial extraterritorial.
El complejo caso venezolano entraña singularidades que trascienden la mera cooperación judicial: aquí, la cúpula política y militar es enteramente culpable de los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, como en el caso de Hugo “El Pollo” Carvajal, ex general, exdiputado, exdiplomático y jefe de inteligencia, quien en 2025 se declaró voluntariamente culpable de todos los cargos en tribunales estadounidenses de conspiración para importar cocaína y delitos conexos.
Asimismo, personajes como Alex Saab, operador financiero del chavismo, fue objeto de un proceso de detención y extradición desde Cabo Verde hacia Estados Unidos por lavado y corrupción, aunque su trayectoria incluye altibajos políticos y diplomáticos.
La situación venezolana es razón de honda preocupación para toda la comunidad internacional. Múltiples investigaciones judiciales y diversos informes de inteligencia de los servicios secretos más prestigiosos del mundo han evidenciado la confluencia entre estructuras estatales y redes criminales transnacionales, configurando un fenómeno que algunos analistas califican como narcoterrorismo de Estado (narcocracia), donde las rutas de tránsito de cocaína, el contrabando de extracción de recursos y la protección de capos militares embozados de cargos públicos, coexisten en simbiosis con un aparato político militar que no solo tolera sino, según múltiples evidencias, facilita, promueve y patrocina estas actividades ilegales.
Los efectos son catastróficos: colapso institucional, erosionamiento del estado de derecho, corrosión de la jurisdicción penal interna y un vacío estructural de justicia que favorece la perpetuación de estructuras criminales que operan con impunidad. En tales circunstancias, la extradición hacia Estados Unidos no es una concesión diplomática sino una respuesta necesaria frente a la incapacidad y, a menudo, a la falta absoluta de voluntad de enjuiciar a quienes ejercen el poder con fines ilícitos.
Esta tesis no solo sostiene su doctrina en pruebas circunstanciales o periodísticas, sino en el deterioro sistemático de la independencia judicial de Venezuela, documentado en múltiples análisis académicos que muestran un debilitamiento profundo de la judicatura, la corrupción de las fiscalías y una captura del sistema penal por intereses narcotraficantes.
Contrario a algunas percepciones, existe un instrumento jurídico entre Estados Unidos y Venezuela relativo a la extradición que data de 1922, firmado en Caracas y debidamente ratificado por ambas naciones, el cual sirve como base legal para solicitudes de entrega de prófugos.
Este tratado, aunque concebido en una época anterior a la sofisticación del crimen transnacional, sigue plenamente vigente y proporciona el armazón jurídico necesario sobre el cual se pueden sustentar solicitudes de extradición fundadas en delitos graves, incluidos aquellos relacionados con narcotráfico y terrorismo.
Su vigencia plena es un recordatorio de que las obligaciones internacionales de cooperación penal no prescriben por simple cambio de gobierno o coyuntura política, y que su activación responde a la jurisprudencia y diplomacia del momento.
En un entorno donde el narcotráfico ha penetrado íntegramente las estructuras estatales venezolanas hasta niveles alarmantes, la emisión de procesos masivos de extradición no debe ser vista como retaliación política ni como un acto de injerencia soberana injustificada, sino como una herramienta legítima e instruccional del derecho internacional para restituir el imperio de la ley y desmantelar redes criminales que operan con impunidad.
La extradición inminente de los principales actores vinculados a estas actividades representa un paso ineludible para restaurar la credibilidad del sistema judicial venezolano y para poner fin al ciclo de violencia, corrupción y devastación social que acompaña al narcotráfico de Estado.
Solo mediante una política de extradiciones decidida, combinada con reformas internas y cooperación internacional robusta, será posible quebrar el atávico lazo entre crimen organizado y estructuras gubernamentales que ha degenerado a nuestra Venezuela en epicentro del mayor narcoestado en el hemisferio occidental.
Diosdado Cabello Rondón, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez entre otros capitostes militares (mercenarios del narco) deben ser inmediatamente extraditados a territorio norteamericano para que enfrenten justicia imparcial en una corte federal.
Esto, si es que efectivamente presentan su rendición incondicional a discreción y se entregan a tiempo.
Si no, una baja en combate les aguarda con toda seguridad.
