Los migrantes interesados en la regularización que prevé aprobar este martes el Gobierno español podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque hasta el día 20 no podrán acudir en persona a formalizar su petición.
Así lo señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en la emisora de radio Cadena Ser, en la que celebró esta medida porque convierte a España en «un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos».
Con esta regularización, el Ejecutivo prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.
Saiz confirmó que los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida.
La ministra aseguró que se trata de un procedimiento «absolutamente dimensionado», para lo que se han reforzado los equipos en la Administración.
Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos «a lo largo de todo el territorio» para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, cuando se acaba el plazo, de modo que en dos meses y medio el Ejecutivo pueda dar respuesta a todas las peticiones «vengan las que vengan», dijo Saiz.
La redacción del decreto de regularización ha sufrido algunos cambios respecto a la propuesta inicial, después de pasar por el Consejo de Estado, órgano consultivo.
En este sentido, la ministra confirmó que los solicitantes del estatuto de apátrida no podrán beneficiarse de la regularización ya que, dijo, estos no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación.
Lo que no significa, precisó, que haya «desprotección» o se vaya a dar la espalda a este colectivo.
En esta situación se encuentran los saharauis en España. Según datos del Ministerio de Interior, en 2023 un total de 901 personas del Sahara, antigua colonia española, lograron esta condición, y 10.306 lo consiguieron desde 2013, cuando empezaron los informes con estos datos.
El proceso que se aprueba este martes tampoco está dirigido a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra porque estos cuentan con el mecanismo de protección temporal. EFE
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