El 11 de abril de 2002 quedó grabado en la memoria colectiva de Venezuela como el día en que la polarización política desbordó los discursos y tomó las calles de Caracas con consecuencias mortales.
Por Lapatilla.com
Lo que comenzó como una multitudinaria movilización ciudadana que exigía la renuncia del fallecido presidente Hugo Chávez, terminó en una jornada de violencia que dejó 19 muertos y cientos de heridos en los alrededores de Puente Llaguno y la avenida Baralt.
En medio de una confusa línea de fuego cruzado, la Policía Metropolitana (PM), entonces adscrita a la Alcaldía Mayor de Caracas, quedó atrapada entre manifestantes opositores que avanzaban hacia Miraflores y grupos oficialistas que defendían las inmediaciones del palacio presidencial.
Para los funcionarios Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, aquella tarde no solo marcaría el final de sus carreras policiales. También, sería el inicio de un proceso judicial que culminó siete años después con condenas de 30 años de prisión.
Familiares, excompañeros policiales, abogados defensores e incluso antiguos integrantes del propio sistema judicial venezolano, sostienen que los policías metropolitanos fueron convertidos en los responsables de una narrativa política construida tras los sucesos de abril de 2002.
Según esa versión, la prioridad no era determinar con precisión el origen de los disparos que causaron las muertes, sino encontrar culpables uniformados que respaldaran la tesis oficial del Gobierno.
Las defensas denunciaron durante años la desaparición de proyectiles, inconsistencias balísticas, alteraciones de evidencias y la negativa de los tribunales a practicar diligencias fundamentales para reconstruir los hechos. Además, exfuncionarios policiales sostienen que los efectivos actuaron respondiendo a disparos provenientes de civiles armados apostados en Puente Llaguno y otros puntos cercanos a Miraflores.
A pesar de esas denuncias, el aparato judicial avanzó hasta producir una de las sentencias más controvertidas de la historia venezolana. Detrás de ella, aparecieron fiscales, jueces y magistrados que posteriormente se convertirían en los verdugos de esta sentencia y como “premio” escalarían a los cargos más importantes del Estado.
El fiscal que impulsó la acusación
Uno de los primeros nombres que aparece en la historia es el de Isaías Rodríguez, quien en su cargo de Fiscal General de la República dirigió las investigaciones relacionadas con los sucesos del 11 de abril y coordinó las acusaciones que terminarían llevando a juicio a los policías metropolitanos.
Rodríguez ya era una figura central dentro del chavismo. Había sido constituyente en 1999 y vicepresidente ejecutivo durante el primer gobierno de Hugo Chávez. Tras abandonar la Fiscalía en 2007 continuó ocupando posiciones de poder como embajador de Venezuela en España e Italia, y años después integró la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro en 2017.
La fiscal que llegó a La Haya
Entre los funcionarios que participaron en las investigaciones apareció también Haifa El Aissami.
Durante los primeros años del chavismo desarrolló una carrera dentro del Ministerio Público en casos de alta relevancia política. Posteriormente inició un ascenso diplomático que la llevó a convertirse en embajadora de Venezuela en los Países Bajos y representante ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
Para los defensores de los PM, su actuación formó parte del equipo institucional que sostuvo la acusación pese a las irregularidades denunciadas durante el proceso judicial.
Hoy continúa vinculada a labores diplomáticas y de representación internacional del Estado venezolano.
La jueza que firmó la sentencia
Si hubo una figura determinante en el desenlace del caso fue Marjorie Calderón.
Desde el Circuito Judicial Penal del estado Aragua condujo durante años el expediente derivado de los sucesos del 11 de abril. Finalmente, el 3 de abril de 2009 dictó la sentencia que condenó a los policías metropolitanos y a los comisarios acusados a penas de hasta 30 años de prisión.
La decisión provocó cuestionamientos de abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos y observadores independientes, quienes señalaron presuntas irregularidades procesales y restricciones al derecho a la defensa.
Lejos de afectar su carrera, el fallo fue seguido por un ascenso dentro de la estructura judicial. En 2014 fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente presidió la Sala de Casación Social.
Su gestión en el máximo tribunal concluyó en 2022, cuando una reforma redujo el número de magistrados. Desde entonces mantiene un bajo perfil público.
El hombre fuerte del Tribunal Supremo
Mientras el juicio avanzaba en tribunales inferiores, otra figura consolidaba poder dentro del sistema judicial venezolano: Maikel Moreno.
Tras ocupar diversos cargos como juez y magistrado, Moreno llegó a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia en 2017. Durante su gestión, el máximo tribunal emitió decisiones fundamentales para la continuidad política del chavismo, incluyendo fallos que limitaron las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015 y respaldaron la Asamblea Nacional Constituyente.
Su actuación le valió sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Además, autoridades estadounidenses lo acusaron de presuntos delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.
Aunque dejó la presidencia del TSJ en 2022, permaneció vinculado a la Sala de Casación Penal. En los últimos años ha mantenido una presencia pública mucho más discreta que durante su etapa de mayor influencia.
El magistrado que confesó
La revelación más impactante sobre el funcionamiento interno de la justicia venezolana llegó de la mano de Eladio Aponte Aponte.
Excoronel del Ejército y expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, fue durante años uno de los hombres más poderosos del sistema judicial. Sin embargo, en 2012 fue destituido tras verse involucrado en un escándalo relacionado con el empresario Walid Makled.
Poco después abandonó Venezuela y comenzó a colaborar con autoridades estadounidenses.
Desde el exilio aseguró públicamente que jueces y magistrados recibían instrucciones directas para decidir casos de interés político. También afirmó que numerosas sentencias eran discutidas previamente fuera de los tribunales y que la independencia judicial era inexistente.
Sus declaraciones fueron interpretadas por familiares y defensores de los policías metropolitanos como una confirmación de las presiones que -según denunciaban desde el inicio del proceso- rodearon el juicio por los sucesos de abril de 2002.
Actualmente permanece fuera de Venezuela bajo perfil reservado.
La fiscal que terminó denunciando al sistema
La última protagonista de esta historia es Luisa Ortega Díaz. Asumió la Fiscalía General en 2007, heredando la fase final del caso contra los policías metropolitanos. Durante años fue considerada una de las figuras más importantes del chavismo institucional.
Sin embargo, en 2017 protagonizó una ruptura histórica con el gobierno de Nicolás Maduro al denunciar públicamente una alteración del orden constitucional en Venezuela.
Tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente abandonó el país y se instaló en el exterior. Desde entonces ha colaborado con organismos internacionales y ha entregado información relacionada con presuntas violaciones de derechos humanos y corrupción estatal.
Aunque hoy mantiene una actividad pública mucho más limitada, su ruptura con el sistema terminó reforzando las denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial venezolano.
Mientras los uniformados condenados pagaron con décadas de libertad en un proceso plagado de dudas, los nombres clave de su acusación y sentencia utilizaron aquel veredicto como un trampolín para consolidar su poder, dividiéndose luego entre el ascenso institucional, el bajo perfil, el exilio o la tardía ruptura con el propio aparato que ayudaron a construir.
