Colombia se prepara para la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo, en medio de un recrudecimiento de la violencia y la criminalidad.
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La llegada al poder de Gustavo Petro hace cuatro años trajo consigo cambios sustanciales en el abordaje de las políticas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Su política insignia fue la Paz Total, a través de la que buscó establecer negociaciones paralelas con diferentes grupos armados ilegales del país.
Su enfoque frente a las drogas se distanció inicialmente de la visión tradicional de gobiernos anteriores, en los que se priorizaba la persecución de los eslabones más débiles de la cadena. En cambio, su estrategia se enfocó en las partes más especializadas, principalmente en las redes vinculadas al crimen organizado transnacional y en los esquemas de lavado de dinero.
Pero la implementación de estas medidas enfrentó varios retos, como la reconfiguración criminal y la presión por resultados. A la par, se vio afectada por la falta de articulación entre la implementación de cada una de estas políticas.
En este contexto, no solo las dinámicas criminales del país han evolucionado, sino también los desafíos que heredará el próximo gobierno.
Una criminalidad fortalecida
Los grupos criminales se han fortalecido a lo largo de estos cuatro años y existen confrontaciones abiertas en diversas regiones del país.
En el marco de la Paz Total, se mantuvo el proceso de fragmentación de grupos ilegales que venía desde hace varios años, especialmente entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque al inicio del actual gobierno estas facciones se unieron para mostrarse más fortalecidas de cara a las negociaciones, las diferencias no tardaron en aflorar. En 2024, esto llevó a rupturas dentro de los grupos disidentes y al surgimiento de nuevos frentes, como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB).
“Son grupos más pequeños que se adaptan mejor a operaciones militares sostenidas”, dijo Glaeldys González, analista para los Andes del Sur del International Crisis Group. “Son más flexibles, más difíciles de combatir”.
La fragmentación también afectó a grupos armados ilegales de antaño, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que vio surgir una disidencia en Nariño, conocida como los Comuneros del Sur en 2024. Esta disidencia continuó las conversaciones de paz, mientras que el grueso del ELN rompió el diálogo con el gobierno.
Estos grupos, al igual que otros a nivel nacional, también han fortalecido sus capacidades militares y de control territorial. Entre 2018 y 2025, las principales estructuras armadas ilegales del país aumentaron más de 110% en número de combatientes, pasando de casi 13.000 a más de 27.000, según un informe de la Fundación Conflict Responses. Los Gaitanistas, también conocidos como el Clan del Golfo, han sido el grupo que más se ha fortalecido en este aspecto, seguido por el EMBF y el EMC.
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