El escándalo del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas adquiere una nueva y demoledora dimensión. El último informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, desvela cómo la cúpula de la trama presumía abiertamente de manejar los hilos del Ministerio Público en Madrid para blindar sus intereses. Los volcados telefónicos entregados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y los recientes registros policiales en España sacan a la luz un plan perfectamente orquestado para cortocircuitar la investigación penal que amenazaba con hundir el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI.
Por theobjective.com
Las pesquisas policiales sitúan en el epicentro de la estrategia al magnate venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista mayoritario —junto a su mujer— de Plus Ultra. Los documentos reflejan la absoluta tranquilidad con la que los investigados operaban, jactándose de tener la influencia suficiente para «cortar» el proceso judicial que en esos momentos amenazaba su supervivencia en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Rodolfo Reyes, lejos de mantenerse al margen del devenir de la causa, asumió el mando de las operaciones y comenzó a dar directrices directas a su entorno más cercano con un objetivo inequívoco: obstaculizar, neutralizar e intentar «cortocircuitar» de manera definitiva las actuaciones judiciales que dirigía con mano firme la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 15, Esperanza Collazos.
El pánico a que la instructora destapara los vínculos de la aerolínea con el entramado societario venezolano y las presuntas mordidas políticas llevó a la trama a activar todos sus resortes de poder. En las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), consta de manera detallada cronológicamente cómo se diseñó este asalto a la independencia judicial. Concretamente, el 29 de abril de 2021, Rodolfo Reyes movió ficha de manera agresiva y ordenó de forma taxativa a sus principales colaboradores que había que «cortar» las pesquisas judiciales. Para conseguirlo, la red determinó que debían mantener al corriente de cada paso y de manera milimétrica a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la aerolínea, y recurrir sin contemplaciones a la influencia política de José Luis Rodríguez Zapatero a través de su testaferro, Julio Martínez Martínez.
En las conversaciones analizadas por los agentes, los implicados abordan con extrema preocupación la marcha del procedimiento, admitiendo explícitamente que «la instrucción es muy importante» y que, ante el cariz que tomaban los acontecimientos en el juzgado de Plaza de Castilla, había que «hablar inmediatamente con Julio [Martínez Sola]». El objetivo final de estos contactos urgentes no era otro que coordinar fuerzas y montar de inmediato lo que ellos mismos denominan textualmente un «Kitchen Gabinet» (Kitchen Cabinet, gabinete de confianza), pero no temían represalias judiciales de envergadura porque «la fiscal jefe es amiga», según aseguran en sus conversaciones.
Esta última afirmación ha encendido todas las alarmas en el seno de la investigación, ya que coincide temporalmente con el posicionamiento sumamente benévolo que mantuvo la Fiscalía de Madrid durante las fases críticas del procedimiento penal. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales tratan de determinar ahora la identidad exacta de esa figura a la que la trama aludía con tanta familiaridad. Las sospechas apuntan de lleno a la cúpula fiscal. En el foco de las sospechas se encuentra la Fiscalía Provincial de Madrid, cuya máxima responsable en aquel periodo clave era Pilar Rodríguez.
Se trata de una figura de la máxima confianza del Gobierno. Rodríguez es la misma fiscal jefa que le dijo al ex fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, la célebre y letal frase de «incorporar cianuro» a la polémica nota de prensa del Ministerio Público. En aquel polémico comunicado oficial, la Fiscalía desveló de forma inédita datos confidenciales y secretos de contenido fiscal pertenecientes a Alberto González Amador, la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero también sospechan de la fiscal jefe del caso Plus Ultra, entonces la fiscal María Luisa Llop. Fuese una u otra, no es determinante porque lo importante es que tenían controlado al Ministerio Fiscal y, en el caso de que estuviera Pilar Rodríguez bajo su control, ella era jefa de María Luisa Llop.
El hecho de que la trama de Plus Ultra considerase a la jefatura fiscal de Madrid una facción «amiga» encaja, a juicio de fuentes jurídicas consultadas por este diario, con el anómalo recorrido que experimentó la causa penal en Plaza de Castilla. Cabe recordar que el Ministerio Público madrileño se alineó de forma sistemática con las tesis de la defensa de la aerolínea venezolana en los momentos más determinantes. El episodio más flagrante se produjo en el verano de 2021, cuando la jueza Esperanza Collazos se encontraba disfrutando de sus vacaciones estivales. Aprovechando su ausencia, el juez sustituto Jaime Serret asumió de forma temporal las riendas del juzgado. Fue entonces cuando Plus Ultra solicitó el desbloqueo urgente de un tramo de 34 millones de euros del rescate que la magistrada titular había congelado cautelarmente por sospechas de fraude.
Aprovechando que la juez instructora estaba de vacaciones, la Fiscalía de Madrid emitió un dictamen favorable a las pretensiones de los empresarios venezolanos. El Ministerio Público respaldó el recurso de la aerolínea argumentando que mantener el dinero bloqueado causaría la quiebra inminente de la empresa y defendiendo de forma vehemente que no existían indicios delictivos sólidos de cohecho o tráfico de influencias en la concesión de la ayuda de la SEPI. Con este decisivo balón de oxígeno proporcionado por la Fiscalía, el juez sustituto decretó la entrega inmediata de los millones a la compañía.
Meses más tarde, tal y como adelantó en exclusiva THE OBJECTIVE en marzo de 2024, la fiscal que había pilotado esta estrategia defensiva dentro del caso Plus Ultra, María Luisa Llop, fue promocionada y ascendida a un puesto de mayor relevancia en el escalafón fiscal, un movimiento que la oposición y las acusaciones siempre han interpretado como el pago de favores políticos por los servicios prestados. El entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, premió a la fiscal María Luisa Llop con un puesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta representante del Ministerio Público se opuso a que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigase por presuntos delitos de malversación y fraude el rescate con fondos públicos a la aerolínea acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Tanto es así que, según fuentes consultadas, «la fiscal parecía que ejercía de abogada defensora de Plus Ultra en lugar de defender el interés público e impulsar la acción de la justicia». De hecho, la fiscal solicitó en varias ocasiones que se archivase la causa del Plus Ultra sin realizar las diligencias de investigación oportunas para dirimir la posible existencia de delito en la que pudieron incurrir altos cargos del Gobierno. En noviembre de 2021, la Fiscalía emitió un escrito en el que expuso: «No existen en las conclusiones del informe elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto por esta parte en anteriores informes».
Sin embargo, la juez Esperanza Collazos continuó la investigación a pesar de que la Fiscalía, que debía velar por el interés público, y la Abogacía del Estado, que debería defender al Estado y no al Gobierno, se oponían a continuar con la instrucción. La instructora pudo seguir la causa porque las acusaciones populares lo solicitaron. Pero en enero de 2023, después de casi dos años de instrucción, la juez Esperanza Collazos se vio obligada a dar carpetazo a la causa tras no haber podido interrogar al representante legal de la aerolínea por acordar la imputación fuera de plazo. La fiscal de la Audiencia Provincial María Luisa Llop, que tuvo un papel clave en esta causa para que terminase en archivo, fue premiada con un puesto en la Audiencia Nacional y lleva asuntos mediáticos como la Operación Titella, en la que se investiga a José Luis Moreno.
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