Laboratorio de Paz publicó el informe “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela”, un documento que analiza la trayectoria institucional del exministro de Interior y Justicia durante las protestas de 2014 y evalúa su eventual regreso a altos cargos del sector defensa o seguridad desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe se publica en un contexto en el que distintos actores políticos han planteado públicamente la posibilidad de que Rodríguez Torres pueda ocupar nuevamente responsabilidades estratégicas dentro del Estado venezolano. Ante ese escenario, el documento sostiene que los procesos de transición democrática exigen no solo cambios políticos formales, sino una revisión crítica del desempeño institucional de quienes ejercieron autoridad en períodos caracterizados por graves violaciones de derechos humanos.
Hallazgos centrales del informe
El documento examina la actuación de Rodríguez Torres como Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2013–2014), período en el que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y diversas organizaciones documentaron:
Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes
Detenciones arbitrarias masivas
Tortura y malos tratos
Violaciones sistemáticas del debido proceso
Criminalización del disenso
Militarización del control del orden público
Persecución y estigmatización de defensores de derechos humanos
El informe destaca que la Misión de la ONU estableció la responsabilidad institucional de los más altos niveles del aparato de seguridad, incluyendo quienes ejercieron el rol de ministros de interior y justicia, en relación con los crímenes documentados desde 2014, aplicando el principio de responsabilidad de mando.
Asimismo, se analizan casos emblemáticos de estigmatización pública de víctimas y defensores de derechos humanos, así como la política de militarización adoptada durante las protestas, que desplazó el enfoque de seguridad ciudadana hacia una lógica de seguridad nacional.
Víctima posterior, pero con responsabilidad institucional previa
El documento reconoce que Rodríguez Torres fue posteriormente detenido y considerado víctima de persecución política. Sin embargo, subraya que dicha circunstancia no elimina la necesidad de evaluar su actuación previa en cargos de alta responsabilidad, especialmente en el marco de procesos de transición y garantías de no repetición.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la condición posterior de víctima es independiente del análisis de la responsabilidad institucional derivada del ejercicio previo de funciones públicas.
La voz de las víctimas
El informe incorpora testimonios de personas que participaron en las protestas de 2014 y que denuncian que su eventual regreso a posiciones de poder enviaría un mensaje de impunidad y continuidad de prácticas represivas, afectando la confianza ciudadana en una transición democrática genuina.
Conclusión: incompatibilidad con una transición basada en DDHH
Laboratorio de Paz concluye que una transición democrática sostenible requiere:
Reforma profunda del sector seguridad
Control civil efectivo
Evaluación de idoneidad basada en estándares internacionales
Garantías de no repetición
Centralidad de las víctimas
Según la organización Miguel Rodríguez Torres debe responder por su responsabilidad en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo delitos contra la humanidad en Venezuela. La propia Misión de la ONU estableció que su responsabilidad no es sería solamente por ordenar la realización de los abusos sino también por omisión: “teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión” La eventual designación de funcionarios asociados a períodos investigados por mecanismos internacionales podría debilitar los procesos de reforma institucional y enviar una señal contradictoria respecto al compromiso con la rendición de cuentas y los derechos humanos.
