La trampa de discutir solo salarios en lugar de costos operativos reales ha puesto siempre a la universidad en una posición de debilidad frente al Estado. ¿La universidad cayó en la trampa del «Monstruo»?
El «monstruo» (el poder) logró su meta: nos encerró en una narrativa puramente salarial. Durante 25 años y más, la lucha universitaria se ha centrado casi exclusivamente en sueldos, bonos y reivindicaciones. Creímos que las normas sobre homologación de sueldos serían un escudo eterno contra la inflación, y ese fue un error estratégico imperdonable de esa época; ni hablar de la regresiva y lesiva primera convención colectiva única de 2013.
El punto ciego lo constituyó el hecho de que ningún gobierno podrá sostener una universidad basándose en el pago de nóminas, menos aún; agregando la carga de los pasivos laborales y jubilaciones. Mientras pedimos abonos en cuenta, ignoramos el dato que realmente incomoda al poder: ¿Cuánto cuesta realmente graduar a un estudiante hoy?
¿Por qué no hablamos de estructuras de costos? Nadie expone cuánto cuesta el servicio eléctrico, el transporte, el comedor y, fundamentalmente, el sueldo de un profesor de calidad para formar a un solo profesional. El salario docente no debe verse como una dádiva estatal, sino como un componente crítico e inseparable del costo de producción del conocimiento. Una universidad que conoce lo que cuesta producir puede generar ingresos propios, solicitar auxilios financieros internacionales, negociar con empresas y encontrar su autonomía real.
El régimen ganó al decir que «no hay dinero» y que el petróleo es para «los necesitados y no para las élites». Al no transparentar los costos y quedarnos solo en el salario, les dejamos el camino libre para el control total. ¿Seguiremos pidiendo aumentos o empezaremos a exigir el valor real de la academia?
Recuperar instituciones como la Universidad Simón Bolívar (USB) o cualquier campus sumido en el deterioro requiere dejar atrás la administración de «supervivencia» para pasar a una gerencia de crisis de alto impacto. Un equipo administrador audaz no esperaría por un presupuesto central que no va a llegar; actuaría bajo una lógica de rescate de activos y soberanía financiera.
Estas son algunas alternativas, solo propuestas. No es el deseo la intromisión en las actividades universitarias. Una auditoría de supervivencia y talento, porque lo primero no es pintar paredes sino saber qué queda y quiénes quedan. Inventario de daños y potencial, clasificando edificios recuperables a corto plazo, en riesgo estructural y zonas de sacrificio temporal. Sincerar las nóminas, eliminando las vacantes fantasmas y los cargos asignados por lealtad política para priorizar el presupuesto en el personal activo y esencial. Costo de oportunidad, al determinar cuánto cuesta no arreglar algo (si el techo tiene filtraciones hoy, la pérdida de equipos de laboratorio será proporcionalmente mayor, después). Esto sirve para sensibilizar a donantes y financistas.
El modelo de zonas de excelencia, donde no se intenta arreglar toda la universidad al mismo tiempo, sino que se crean zonas concretas, recuperadas totalmente. Arrendamiento de espacios ociosos, dando en concesión espacios a empresas de tecnología o laboratorios privados a cambio de que estas mantengan la infraestructura y co-financien los sueldos de los profesores e investigadores de ese pabellón. Implementar el coworking académico al convertir áreas deterioradas en espacios modernos de trabajo para egresados y empresas, cobrando en divisas para reinvertir en la academia.
Titularización y fondos de inversión (Endowments). La universidad debe ser proactiva y verse como un patrimonio, no como un gasto. Bonos de infraestructura, que consiste en emitir «títulos de recuperación» para los egresados en el exterior. No es una donación, es una inversión con beneficios (acceso a bibliotecas digitales o uso de laboratorios). Es posible también establecer el “Fondo de Rescate de Egresados”. Un fideicomiso transparente fuera del alcance del control estatal para ejecutar obras civiles y complementos salariales docentes basados en méritos y productividad.
Para salvar las universidades, hay que entender que la autonomía universitaria no es solo libertad de pensamiento, es libertad de financiamiento. Si el Estado no paga, el Estado no debe mandar; y para eso, la estructura debe ponerse al servicio de la producción de riqueza y conocimiento de calidad.
Si no discutimos una estructura de costos real en contraposición a las nóminas da la OPSU, seguiremos desarmados. Es imperativo desmantelar la vieja práctica de otorgar cargos administrativos y obreros como cuotas de poder para sectores partidistas, lo cual solo hipertrofia la burocracia y drena recursos. Debemos clarificar la actividad de los sindicatos: su rol debe ser la defensa de los derechos laborales y la excelencia profesional, no actuar como agencias de colocación de cuadros políticos o entes de paralización institucional.
El mayor impedimento no es la falta de dinero ni de talento, sino la rigidez burocrática y política. Para que esto funcione, los sindicatos y las autoridades deben aceptar que la meritocracia y la rentabilidad no son enemigas de la academia, sino sus salvavidas.
Si la universidad es el centro del saber, debe demostrarlo administrándose con la inteligencia que enseña en sus publicaciones, no con la inercia de una oficina pública, para ganar su valor de mercado y el respeto institucional.
Por: ABRAHAM SEQUEDA @abrahamsequeda
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