La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile admitió ante el Senado que no puede expulsar a 6 mil ciudadanos venezolanos, dejando en evidencia los límites y barreras estructurales de la principal promesa de campaña de José Antonio Kast, basada en la deportación masiva de extranjeros con antecedentes delictivos o situación irregular.
De acuerdo a la información publicada por El Ciudadano, durante una sesión de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta y en medio de la discusión del proyecto que busca tipificar como delito en ingreso clandestino, el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, ofreció un diagnóstico sobre las problemáticas que enfrenta la institución para llevar a cabo las expulsiones.
«No pudimos expulsar a ciudadanos venezolanos, tenemos en la actualidad más de casi seis mil expulsiones pendientes por realizar», reconoció ante los parlamentarios.
«No hay relaciones consulares»
León indicó que la principal barrera para materializar estas medidas radica en el quiebre de las relaciones consulares y diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que impide coordinar el retorno de los migrantes hacia el país caribeño.
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar, no nos aceptan”, afirmó, señalando que los vuelos de expulsiones hacia Caracas están suspendidos desde junio de 2025, lo que mantienen miles de órdenes de expulsión sin ejecutar.
Estas trabas quedaron en evidencia la semana pasada cuando la administración de Kast concretó su primer vuelo de expulsión con 40 migrantes, entre los que figuraron colombianos, bolivianos y ecuatorianos, pero no ciudadanos venezolanos, pese a su alta presencia en Chile.
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