La coalición opositora Plataforma Unitaria exigió el miércoles 11 de marzo “justicia independiente” para la elección de los cargos públicos de fiscal general de la República y defensor del Pueblo.
A juicio de la organización política, es oportuno alertar a la comunidad internacional sobre las próximas designaciones que hará el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
“Han transcurrido más de dos décadas durante las cuales los venezolanos hemos padecido las consecuencias de una política sistemática orientada a la cooptación y destrucción de las instituciones del Estado”, se lee en el comunicado publicado en la cuenta de X de la Plataforma Unitaria.
En este sentido, la coalición opositora insistió en que el resultado de los nombramientos busca presuntamente “mantener la lealtad y el poder” de miembros del ex gobierno de Nicolás Maduro y el actual mandato de Rodríguez.
“A espaldas del momento político que vive Venezuela y desconociendo, una vez más, lo establecido en la Constitución de la República, se estaría gestando un pacto entre el régimen y sus aliados para repartirse estos nombramientos”, afirmó la tolda opositora.
No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente.
Posición de la Plataforma Unitaria con ocasión del proceso en curso para la escogencia del Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. #Comunicado pic.twitter.com/4K28rer4v7
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 11, 2026
Autonomía de los poderes públicos
La Plataforma Unitaria insistió en la autonomía de los poderes públicos, en especial el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con respecto al Estado; con el propósito de asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
Asimismo, señaló que la Constitución establece que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
En consecuencia, el fiscal general de la República es el funcionario llamado a garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso, se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política.
“No se trata de un cargo administrativo más: se trata de una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto”, argumentó la organización.
Por esa razón, destacaron que la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a “preservar cuotas de poder”.
“La independencia de estas instituciones es una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización”, agregó la Plataforma Unitaria.
Cargos ocupados de forma temporal
El 25 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional (AN) anunció las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab; y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Durante esa sesión del Parlamento, se acordó nombrar una comisión para designar a las nuevas cabezas del Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo; además de otorgarle a Tarek William Saab el puesto como defensor del pueblo encargado.
“Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos”, señaló el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con la información, Saab estará en el cargo hasta que el Comité de Postulaciones del Parlamento nombre a un nuevo fiscal en un plazo máximo de 30 días (hasta el 27 de marzo).
En paralelo, el Poder Legislativo designó a Larry Devoe, abogado cercano a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y ajeno a la institución, como fiscal general encargado de la República.
Devoe actualmente ha ganado notoriedad como miembro del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instancia creada por Rodríguez a finales de enero para promover un aparente proceso de diálogo en el país.
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