El drama venezolano no se detiene ni se apacigua; por el contrario, muta hacia formas cada vez más perversas de control social, represión política y ambición criminal. Lo que comenzó en los tiempos de Hugo Chávez como un proyecto de hegemonía autocrática se consolidó con Nicolás Maduro en una estructura despiadada. Hoy, el patrón de conducta de este sistema ya no solo se limita a las detenciones arbitrarias —ampliamente documentadas y denunciadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitra de la ONU—, sino que ha escalado hacia un auténtico terrorismo de Estado que asalta de manera simultánea la libertad, la vida y los bienes de los venezolanos.
Cuando una tiranía pierde el pudor legal, va directo a arrancar las tres condiciones esenciales de la dignidad humana. La arremetida contra la vida es la demostración más palmaria de los crímenes de lesa humanidad que se perpetran en nuestro suelo: el asesinato político del concejal Fernando Albán, lanzado desde las alturas del SEBIN; el acribillamiento del inspector Óscar Pérez y sus compañeros en la masacre de El Junquito; o la caída de decenas de estudiantes cuyos cuerpos fueron destrozados por las balas en las calles. Esta cadena de horror sumó el doloroso caso de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante detenido arbitrariamente a inicios de 2025 y sometido a una desaparición forzada institucionalizada, cuya madre falleció apenas unos días después de enterrar a su hijo, tras un año de viacrucis carcelario.
Sin embargo, el aparato de persecución no se conforma con apagar vidas y arrebatar libertades; también ha instalado en Venezuela un lucrativo e indignante “negocio de la represión”. En nuestro país, el encarcelamiento y el acoso dejaron de ser únicamente herramientas de control ideológico para convertirse en una maquinaria económica multieslabón, una verdadera cadena de producción del terror donde cada operario saca su tajada. Están los funcionarios que extorsionan y cobran cifras astronómicas en las esquinas por el “peaje” de no meter a alguien a la cárcel. Están aquellos que utilizan el poder del Estado para encarcelar a rivales comerciales o personales por “un quítame allá esas pajas”. Están las mafias que cobran a los familiares tarifas inhumanas solo por proteger a los presos, permitirles acceso a medicamentos o garantizarles comida. Y están, por supuesto, los que trafican descaradamente en los tribunales con boletas de excarcelación y diferimientos de audiencias.
El último y más aberrante eslabón de esta corporación criminal es el despojo del patrimonio. Al amparo de la impunidad total, se ha normalizado la figura de los “poliokupas”: funcionarios policiales y militares armados que usurpan y se adueñan ilegalmente de los inmuebles de los presos políticos aprovechando su ausencia forzada.
El reflejo más crudo y reciente de este ensañamiento lo encarna el ciudadano uruguayo-venezolano José “Pepe” Breijo, de 73 años. Tras sufrir dos años de prisión injusta en Tocuyito, recibió una medida de arresto domiciliario solo para encontrarse con que el mismo funcionario policial de las fuerzas élite (GOES) que lo arrestó había invadido su apartamento en la urbanización Bello Monte, Caracas. La presión mediática y la denuncia ciudadana obligaron al funcionario a desocupar la vivienda a la medianoche. Sin embargo, la victoria es amarga: a José “pepe” Breijo le entregaron su hogar completamente desvalijado. Ya no dormirá en el pasillo, pero lo dejaron sin muebles, sin enseres, despojado del esfuerzo de toda su vida y en un estado de salud sumamente delicado.
Este vandalismo de Estado tiene su raíz histórica en aquel delirante y desaforado grito de Hugo Chávez que, extendiendo el dedo en plena vía pública, ordenaba: “¡Exprópiese, exprópiese!”. Esa orden sembró la semilla del asalto actual. Bajo esa misma lógica delictiva destruyeron el aparato productivo del país, dejando en la quiebra a empresarios a quienes confiscaron sus fábricas, y asaltando las unidades agropecuarias de ganaderos y agricultores. Hoy, esa práctica se traduce en la “detención con mudanza incluida”, donde comandos encapuchados asaltan las viviendas de los perseguidos y arrasan con la cocina, la nevera, el carro de trabajo y hasta con la ropa de las víctimas.
A los privados injustamente de la libertad, o a los familiares que perdieron a un ser querido que se les murió en la cárcel, se les castiga doblemente dejándolos sin techo. Ante este panorama de desprecio absoluto por los derechos fundamentales, las fuerzas democráticas tenemos el deber moral de salir al paso. No podemos normalizar el horror ni convalidar el robo descarado de hogares. Defender el derecho a la propiedad de los venezolanos es, en el fondo, defender el derecho a la vida y a la libertad. La justicia internacional debe tomar nota de este esquema de persecución total: un sistema que encarcela el cuerpo, apaga la vida, trafica con la justicia y confisca el futuro de toda una nación.
Antonioledezma.net
