Han pasado más de dos meses desde que las tropas de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos llegaron a Caracas y capturaron al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes permanecían resguardados en la base militar de Fuerte Tiuna. Ahora, encerrado en su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el exlíder se prepara para defenderse de los cargos en su contra.
Por Semana
El próximo 26 de marzo, Maduro tendrá que volver a los estrados para responder por los delitos imputados. En ellos se le acusa de conspiración, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichos artefactos. Su defensa sigue siendo la misma que hizo públicamente el 5 de enero, cuando se declaró inocente: “Fui secuestrado y sigo siendo el presidente”.
Desde entonces, él, que por más de 14 años lideró a Venezuela, vive sus días encerrado en un estricto confinamiento. Según reveló el diario ABC, Maduro permanece todo el día en una celda de aproximadamente tres metros de longitud por dos de ancho. Está compuesta de una cama de metal, un inodoro, un pequeño lavamanos y una ventana angosta, por la que entra muy poca iluminación natural.
Además, solo tiene derecho a salir a caminar tres veces a la semana por periodos de una hora, esposado de pies y manos. De acuerdo con los reportes del diario español, el exmandatario en las noches grita repetidamente: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”. Ahora, él y su defensa buscan desesperadamente una victoria judicial.
Una polémica defensa
Nicolás Maduro es representado por el abogado Barry Pollack, quien también ha defendido a figuras polémicas, como el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. La defensa del caído dictador ha presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein escritos que exigen archivar la causa, argumentando que no hay pruebas suficientes y que la acusación viola la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a un abogado de su elección.
“El Gobierno de Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección y reciba una defensa justa en este tribunal, en violación de sus derechos bajo la Sexta Enmienda y el debido proceso”, asegura el abogado de Maduro en un documento en el que exige que se archive la causa contra el exdictador. Señala que no hay pruebas en su contra en los cargos de los que se le acusa.
El Departamento del Tesoro bloqueó el uso de fondos estatales venezolanos para financiar la defensa. Maduro presentó una declaración jurada afirmando que no puede costear su propia defensa y que tiene derecho a que el régimen venezolano cubra sus gastos legales. El lío es que, si Estados Unidos autorizara dichos pagos, se podría argumentar que es un reconocimiento de que el exlíder venezolano era, en efecto, un mandatario legal en ejercicio. Con ello se podría afirmar que el derecho internacional protegía a Maduro y que su captura fue ilegal. Bajo este principio, incluso se podría concluir que debería salir en libertad.
“Aunque los abogados de Maduro siguen actuando, supuestamente en forma gratuita, porque no puede pagarlos, las autoridades venezolanas han presentado esas solicitudes para que se archive el caso, para que se rechace la acusación y se libere a Maduro. Pero, sinceramente, creo que las posibilidades son mínimas o nulas. La audiencia del 26 de marzo determinará qué sucede en este caso. El juez tiene que definir esta cuestión procesal como la primera de todas”, dijo David Varela, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Washington D. C., en diálogo con SEMANA.
Todo indica que el argumento de Nicolás Maduro y su defensa tendría una grieta estructural: la Sexta Enmienda no es absoluta. Los tribunales estadounidenses han establecido en casos anteriores que ese derecho no permite usar dinero sujeto a sanciones para financiar una defensa penal. El caso similar más conocido fue el del dictador panameño Manuel Noriega, en el que Estados Unidos prohibió que su país pagara la defensa. Finalmente, fue condenado a 40 años de prisión.
Ante este escenario, cuando ocurrió la captura de Maduro, aliados del entonces mandatario alegaron que la operación estadounidense no constituía un caso de legítima defensa ni contaba con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, y que el objetivo real era derrocar al líder del régimen, lo que calificaron de problemático bajo el derecho internacional. Pero esta tesis parece que se le derrumba a pedazos al caído dictador.
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