El economista y consultor financiero David Ruiz señaló en entrevista para El Diario que la persistencia de la brecha entre el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y el mercado paralelo funciona como un mecanismo que drena el flujo de divisas del sector empresarial, lo que encarece el consumo de los ciudadanos.
Durante una evaluación del panorama macroeconómico al cierre del quinto mes del año, el especialista detalló que la política de minidevaluaciones diarias y las restricciones en los límites de compra bancaria generan distorsiones en el marcaje de precios, una realidad que, aseguró, reduce el poder adquisitivo de la población debido a que los sueldos básicos permanecen estancados mientras la inflación en bolívares y en dólares mantiene una tendencia al alza.
“La dinámica monetaria del país refleja una dualidad que afecta directamente la rentabilidad del aparato productivo formal. Las empresas se encuentran ante una encrucijada operativa debido a la obligación legal de cotizar sus bienes y servicios bajo la tasa oficial del BCV, mientras que la cadena de suministro de materias primas y los servicios logísticos complementarios se calculan con base en los indicadores de los mercados de referencia paralelos”, acotó el experto.
Para contener la devaluación de la moneda nacional, la autoridad monetaria ejecutó una estrategia de intervención durante el transcurso de mayo al colocar 1.350 millones de dólares en el sistema financiero nacional a lo largo del mes, una cifra que eleva el acumulado de liquidaciones a más de 4.700 millones de dólares en lo que va de año, con el propósito de mitigar la demanda y de estabilizar los tableros de cotización bancaria.
“Esta masiva inyección de divisas fue posible gracias al comportamiento del sector hidrocarburos, el cual registra un repunte operativo que estabiliza la producción por encima del millón de barriles diarios”, puntualizó Ruiz.
Sin embargo, el economista argumentó que este incremento en el flujo de caja del Estado no se traduce en una mejora del ingreso real de los trabajadores del sector público o privado, puesto que los recursos se destinan prioritariamente a financiar el gasto fiscal y a contener el tipo de cambio en lugar de indexar las escalas salariales.
“Este es el único sistema en el mundo que yo conozco o que haya revisado que no beneficia al exportador. Los tres factores clave, que son el incentivo a los arbitrajes informales, el problema para el marcaje de precios de las empresas y el efecto fiscal negativo de este diferencial cambiario, crean una situación interna muy difícil”, detalló.
¿Por qué los recursos del crudo no llegan al bolsillo del ciudadano?
El destino de los fondos provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) genera interrogantes dentro de los hogares debido a la parálisis de la remuneración mínima legal, a pesar del anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de establecer el ingreso mínimo integral de los trabajadores públicos activos en 240 dólares, a través del Sistema Patria, con el exhorto a la empresa privada a aplicar este ajuste para sus empleados.
“Pareciera que la arquitectura financiera del sector público determina que los dólares que ingresan por concepto de exportaciones energéticas no se distribuyen de forma directa en la masa laboral, sino que entran en un circuito de prioridades fiscales donde la quema de divisas en las mesas de cambio bancarias absorbe el mayor porcentaje de liquidez disponible para el Ejecutivo”, apuntó Ruiz.
El especialista detalló que el aumento de la producción petrolera a un millón de barriles diarios aporta un oxígeno financiero que el Estado utiliza de forma exclusiva para evitar un colapso hiperinflacionario, y sacrifica el ajuste de los sueldos en la administración pública.
“El diferencial entre lo que ingresa y lo que se gasta en mantener el bolívar a flote impide que existan reservas de capital destinadas a la revalorización del trabajo formal en el país. El dinero del petróleo ingresa a las arcas del Estado, pero se desvía de inmediato hacia la contención cambiaria”.
Agregó que si el BCV no utiliza esos dólares para venderlos en la banca y frenar al dólar paralelo, el tipo de cambio oficial se dispararía, lo que destruiría el poco valor que le queda al signo monetario nacional en las calles.
Demandas de reforma fiscal desde el debate político
La discusión sobre la pérdida de capacidad de compra de los sueldos también sumó posturas desde el ámbito político de oposición al inicio de la primera semana de junio.
En ese sentido, el diputado a la Asamblea Nacional Henrique Capriles emplazó, el 30 de mayo, al Ejecutivo Nacional a aplicar correctivos urgentes en la política tributaria mediante propuestas concretas que disminuyan la presión impositiva sobre el aparato productivo y los consumidores particulares.
El parlamentario abogó por una reducción inmediata en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demandó la derogación absoluta del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un tributo que los gremios empresariales califican de inflacionario.
Asimismo, planteó la necesidad de restablecer las carteras de crédito bancario para reactivar el dinamismo de los emprendedores y de las corporaciones privadas.
“No puede haber recuperación económica mientras el salario y los ingresos pierdan valor cada día. La economía solo mejorará cuando el trabajo vuelva a ser suficiente para vivir con dignidad y así poder construir un futuro mejor”, manifestó Capriles a través de sus redes sociales.
El dirigente político señaló que la población todavía espera las rectificaciones salariales ofrecidas por las autoridades del área económica. A su juicio, la falta de ajustes no se justifica ante los indicadores oficiales que maneja el Ejecutivo, los cuales reflejan que el Producto Interno Bruto (PIB) experimentó una expansión de 2,51 % durante el primer trimestre del año en curso, tras consolidar un incremento de 7,19 % al cierre del periodo fiscal del año anterior.
“La brecha cambiaria sigue siendo enemiga del ingreso y del poder de compra de nuestra gente. A esto se suma una inflación que golpea todos los días y servicios públicos, especialmente la electricidad, que continúan frenando la producción y el crecimiento económico”, sostuvo el diputado.
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