En una rueda de prensa realizada este lunes 16 de marzo en la sede de la Federación de Trabajadores del estado Apure (Fetrapure), representantes de diversas organizaciones de trabajadores y jubilados presentaron una solicitud urgente ante la grave crisis que atraviesa la clase trabajadora venezolana por el deterioro sistemático de su calidad de vida.
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Tras cuatro años sin un aumento del salario mínimo, los voceros encabezados por Minerva Ortega, presidenta de Fetrapure, denunciaron que el Estado vulnera de forma flagrante el artículo 91 de la Constitución, destruyendo el poder adquisitivo de millones de ciudadanos y sumiendo a las familias en la precariedad.
Asimismo, señalaron la parálisis salarial como la causa principal de la pobreza extrema en el sector formal, por lo que exigieron el cumplimiento inmediato del mandato constitucional de un salario digno.
Las organizaciones rechazan que el ingreso se limite a bonos que no impactan en las prestaciones sociales ni vacaciones ni utilidades, calificando esta política como una «confiscación del patrimonio histórico» de los trabajadores.
Por otro lado, calificaron de «inhumana» la situación de jubilados y pensionados, cuyos ingresos actuales no cubren ni una fracción mínima de la canasta básica.
Ante los reportes oficiales sobre el incremento en la recaudación tributaria y la venta de petróleo y oro, el sector laboral sostiene que existen recursos suficientes para recuperar el sueldo y las pensiones de manera inmediata.
«El peso de la crisis económica no puede seguir recayendo exclusivamente sobre los hombros de quienes trabajan, mientras el Estado reporta mayores ingresos. Exigimos que la bonificación sea revertida y el salario recuperado como un derecho sagrado», señalaron los representantes ante los medios de comunicación.
Deisy Solórzano, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Apure, denunció que el reciente incremento del Bono de Guerra no satisface las demandas del sector, calificándolo como una medida que no sustituye al salario real.
«No estamos pidiendo bonos; exigimos un aumento que incida en prestaciones sociales, vacaciones y primas», sentenció Solórzano, resaltando que la inflación devora cualquier ingreso que no esté anclado a un salario digno.
Solórzano informó que solo en el estado Apure, existen aproximadamente 5.000 maestros afectados por el salario mínimo, además de un centenar de docentes que enfrentan suspensiones de pagos.
En este sentido, pidió la eliminación definitiva de estos instrumentos de bonificación para liberar las primas y tabuladores correspondientes a la profesión docente.
Finalmente, ante el incremento oficial de ingresos por venta de petróleo y oro, los gremios consideran un «descaro» que el Ejecutivo alegue exceso de personal en salud y educación para negar el ajuste.
La dirigencia sindical advirtió que, de no concretarse un aumento en los próximos días, la clase trabajadora se mantendrá en las calles. «Venezuela tiene los ingresos. Es una responsabilidad que el Gobierno debe asumir», concluyeron.
