2020. Año de la pandemia. Una compañía de aviación hispano-venezolana, Plus Ultra, contrata a un empresario alicantino, Julio Martínez Martínez, como “conseguidor”, como mediador externo, por su acceso al Gobierno de Venezuela. Un año después, esa misma línea aérea, pequeña, con vuelos a Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Bogotá y Cartagena (Colombia) consigue un polémico rescate de 53 millones de euros por parte del Ejecutivo español. Un juzgado de Madrid investiga ese rescate. Pero la causa se archiva por un defecto procesal. Y el asunto queda aparcado.
