El diagnóstico se ha hecho infinidad de veces. Está latente, se ha gritado y publicado hasta el cansancio; su vigencia es la evidencia más severa de nuestra tragedia histórica. Hace poco volví a ver aquella entrevista del 16 de mayo de 1996, cuando Arturo Uslar Pietri cumplía 90 años. Ante Óscar Yáñez, Unai Amenábar y Carlos Fernández, Uslar diseccionó la patología estructural de Venezuela: la creación de un Estado monstruoso, paternalista y rentista. Aquel día, el intelectual advirtió que este modelo terminaría por asfixiar a la nación, convirtiéndola en un organismo dependiente del veneno del rentismo, el clientelismo y la institucionalización del populismo.
Hoy, Venezuela no solo arrastra aquel vicio de origen, sino que atraviesa una fase de metástasis totalitaria. El régimen intenta proyectar un «pragmatismo de supervivencia» mediante reformas petroleras cosméticas y promesas huecas de seguridad jurídica. Buscan capitalizar su «mercado natural» en los Estados Unidos bajo la cínica narrativa de una apertura forzada, pretendiendo ignorar que la desconfianza de los mercados es la respuesta lógica a décadas de expoliación institucionalizada.
El análisis de esta farsa revela su naturaleza al observar a sus protagonistas. Delcy Rodríguez personifica este engaño: la misma figura que hoy concentra el control absoluto como Ministra de Petróleo y Presidenta de PDVSA, pretende ahora venderse como facilitadora de inversiones. Es el olimpo del cinismo: la ejecutora directa del modelo que asfixió la industria es quien hoy mendiga oxígeno financiero para garantizar la permanencia de su cúpula, a costa del futuro de la nación. Su estrategia de «fingir demencia» es un insulto a la memoria del país; no solo es la arquitecta del desastre económico, sino pieza clave en el engranaje de represión y persecución. Su responsabilidad es total, directa e ineludible: en la destrucción de Venezuela, ella es tan protagonista como el propio Maduro.
Nuestra historia política es un cementerio de reformas fallidas porque nunca se extirparon los incentivos de fondo. En 1989, el «Gran Viraje» colapsó por la imposibilidad de operar dentro de un Estado hipertrofiado que se negó a soltar el botín de la renta. En los 90, la «Apertura Petrolera» fue apenas un paliativo insuficiente para un cuerpo institucional infectado por el clientelismo y la corrupción. Incluso Caldera asomó la necesidad de minimizar el Estado, pero el flagelo estatista terminó por devorar cualquier intento de cordura. Esta adicción al control solo pavimentó el camino hacia el abismo totalitario que hoy nos asfixia.
El sistema actual no solo heredó este modelo, sino que lo llevó a niveles estratosféricos: un sistema de saqueo organizado, depredador y caníbal. Es caníbal porque nos destruye sistemáticamente bajo esa «fatal arrogancia» donde los burócratas pretenden saber qué quiere cada ciudadano. Bajo esta lógica, cada instancia de la burocracia no funciona como un servicio público, sino como una alcabala rentista donde cada funcionario corrupto pide su tajada, que incentiva la destrucción del tejido productivo y la mentalidad de dependencia y endemicamente corrupta.
El dilema venezolano no es estrictamente técnico; es un conflicto de orden moral. Mientras la gestión de la riqueza emane de la discrecionalidad del Estado, la sanación nacional es imposible. En este contexto surge la propuesta de María Corina Machado, que representa una hoja de ruta clara para transitar del extractivismo de Estado hacia una economía de mercado libre:
Privatización Total y Apertura de Capitales: Desmantelar el monopolio estatal para atraer inversiones masivas bajo un marco de propiedad privada absoluta, eliminando las «empresas mixtas» que solo han servido como focos de opacidad.
Estado Subsidiario, No Empresario: El Estado debe abandonar su rol de operador ineficiente. Necesitamos una Agencia Nacional de Hidrocarburos estrictamente técnica y autónoma que supervise la competencia, no que administre pozos.
Justicia e Instituciones Independientes: La confianza nace del respeto irrestricto a la propiedad y de un sistema de justicia que no reciba órdenes de ningún despacho político.
Fin del Bozal Estatista (Subsidio a la Demanda): Los recursos no deben alimentar burocracias. El Estado debe centrarse en sus funciones primordiales; seguridad y justicia, y garantizar que los ciudadanos tengan el poder de elegir servicios de salud y educación de clase mundial a través de subsidios directos, rompiendo para siempre la cadena de dependencia con el Estado.
La distancia entre el diagnóstico de 1996 y el presente es la diferencia entre una advertencia y un mperativo de supervivencia. No hay margen para transiciones pactadas que mantengan intactos los mecanismos de control. Nuestra responsabilidad es extirpar el mal de raíz.
La reconstrucción nacional exigirá sacrificios, pero es la única ruta para transitar de una sociedad de súbditos dependientes a una nación de ciudadanos libres y prósperos. Cualquier alternativa que no pase por el desmantelamiento del Estado depredador es simplemente una condena a postergar nuestra liberación.
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