Para que el proceso de transición -que se adelanta con la tutoría del gobierno de los Estados Unidos-, logre los objetivos de reactivar el desarrollo y retomar la democracia en el país, es necesario impulsar la separación e independencia de los poderes públicos como condición indispensable a fin de lograr la genuina democracia y asegurar la libertad. Sin esas condiciones funcionales no es posible alcanzar un desarrollo sostenible.
Se persigue a los adversarios políticos.
Se protege a los aliados del poder.
Se paralizan investigaciones incómodas.Por eso, en los sistemas democráticos modernos, la Fiscalía debe tener:
Autonomía funcional y presupuestaria
Estabilidad del Fiscal General
Protección contra presiones
Sin una Fiscalía independiente, la corrupción política rara vez se investiga seriamente.
Lo mismo podríamos señalar sobre la Contraloría General de la República como el órgano encargado de vigilar cómo se usan los recursos del Estado. En términos sencillos: es el auditor de toda la administración pública.
Su independencia es clave porque debe poder revisar y sancionar:
ministerios
gobernaciones y alcaldías
empresas estatales
contratos públicos
Si la Contraloría está subordinada al poder político:
las auditorías se vuelven selectivas
los informes se manipulan
la corrupción queda
Cuando estas instituciones no son independientes, la experiencia comparada muestra tres consecuencias claras:
1 Impunidad estructural
2 Corrupción sistemática
3 Desconfianza ciudadana en la democracia
En cambio, cuando ambas instituciones funcionan con autonomía real:
aumenta la transparencia
se fortalece el estado de derecho
se limita el abuso del poder
Podemos proclamar que como principio republicano básico, en una república sana:
el gobierno administra
la Fiscalía investiga
la Contraloría controla
