Carta pública al Excelentísimo John M. Barrett,
Encargado de Negocios-Embajada de los Estados Unidos de América en Venezuela.
@usembassyve
Me dirijo a usted con el más profundo respeto, en mi condición de venezolano y servidor público del estado Monagas, entidad que tuve el honor de gobernar en dos oportunidades por mandato de su pueblo, habiendo ejercido además los cargos de alcalde, diputado y corredactor de la vigente Constitución Nacional, todos obtenidos mediante el voto libre y soberano de mis conciudadanos. Llevo casi catorce años en el exilio y es precisamente desde esa distancia forzada que siento el deber moral e histórico de informarle sobre la gravísima situación que padecen hoy las instituciones judiciales de dicho estado las cuales han caído en una degradación que no tiene precedentes en nuestra historia Republicana.
En el estado Monagas existen actualmente dieciséis presos políticos pero los casos más emblemáticos y perturbadores son los conocidos como la Causa 20/20: ciudadanos detenidos desde el año 2020, acusados del inverosímil cargo de haber intentado secuestrar al jefe del PSUV Diosdado Cabello Rondón en la localidad de El Furrial, con el supuesto propósito de entregarlo a los Estados Unidos y cobrar la recompensa de veinticinco millones de dólares. Fueron nueve los detenidos. Han sido salvajemente torturados: les han aplicado descarga eléctrica, les han arrancado las uñas de manos y pies, algunos han sido penetrados con objetos en sus partes íntimas. Uno de ellos ya murió en prisión. En seis años han realizado tres juicios y más de setenta audiencias, los dos primeros procesos fueron anulados porque los fiscales del Ministerio Público fueron incapaces de presentar una sola prueba, porque sencillamente no existen. En el tercer juicio, concluido el pasado martes, siete de los acusados fueron sentenciados a veintiséis años de prisión, mientras que uno fue puesto en libertad por ser militante del partido oficialista PSUV. Esto no es justicia: es una venganza política administrada con toga. Lo que ocurre en Monagas no es una anomalía aislada: es el rostro más descarnado de un sistema judicial que ha sido convertido en instrumento de persecución y escarmiento. Cuando un tribunal condena sin pruebas, cuando la tortura antecede al veredicto y cuando la militancia partidista determina la libertad o el encierro, ya no estamos ante un poder judicial: estamos ante una maquinaria de terror con apariencia de legalidad.
El presidente del Circuito Judicial Penal del estado Monagas es el abogado Jorge Luis Arzolay Tesamo, quien ejerció simultáneamente, en flagrante violación de toda norma de separación institucional, el cargo de Fiscal Superior del estado, es decir, jefe de todos los fiscales. Ningún juez ni fiscal de la entidad puede actuar sin su anuencia. Para completar este cuadro de concentración del poder, el padre de Jorge Arzolay, el profesor Cosme Arzolay, es el Secretario General de Gobierno, el segundo al mando de la gobernación del estado. Estamos ante una captura familiar e institucional del poder público que avergonzaría a cualquier régimen que se pretenda democrático.
Para su conocimiento y el del Gobierno que usted representa, el hermano de Diosdado Cabello Rondón, cuyo nombre es José David Cabello Rondón, ha ocupado durante diecinueve años consecutivos la jefatura del SENIAT, organismo recaudador de impuestos, controla y designa a su vez todos los jefes aeropuertos, puertos y aduanas del país. Esta posición estratégica no es casual: es la palanca operativa que facilita la exportación de narcóticos hacia cualquier destino del mundo. Por ello ha sido señalado por múltiples fuentes como el administrador logístico del denominado Cartel de los Soles.
Petitorio:
En nombre de más de treinta millones de venezolanos que claman por justicia y libertad, solicitamos respetuosamente la extracción o captura de Diosdado Cabello Rondón y de su hermano José David Cabello Rondón, ambos procesados en su país por delitos vinculados al narcotráfico y responsables directos o indirectos de la muerte de miles de venezolanos. Entre esos crímenes, no puede silenciarse la masacre de El Junquito, donde fue ejecutado Oscar Pérez junto a sus acompañantes, luego de haberse rendido públicamente a través de las redes sociales. Fue el propio Diosdado Cabello quien impartió esa orden de ejecución extrajudicial.
El noventa por ciento de los venezolanos anhelamos que se haga justicia. Expresamos nuestra más profunda gratitud anticipada al presidente Donald Trump, al Secretario de Estado, Marco Rubio y a usted por cuanto esta acción representaría no solo un acto de justicia jurídica, sino un gesto histórico en defensa de la dignidad de todo un pueblo sometido.
Me despido con el respeto que su investidura merece y con la conciencia tranquila de quien cumple con su deber patrio.
José Gregorio Briceño Torrealba.
Exgobernador del Estado Monagas. Períodos 2004/2008 y 2008/2012
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