El abogado especialista en Derecho Penal venezolano, Joel García, advirtió que el reciente traslado de causas vinculadas al “terrorismo”, desde tribunales especiales hacia tribunales ordinarios en Venezuela, evidenciaría una posible “inconstitucionalidad de origen” en la jurisdicción que venía conociendo estos casos.
Por: lapatilla.com
En una serie de cuatro publicaciones, el jurista sostuvo este jueves 28 de mayo, que los tribunales con competencia en materia de terrorismo, proceso impulsado por el régimen chavista para justificar arrestos arbitrarios contra la disidencia, habrían sido creados mediante una resolución administrativa y no mediante una ley formal, lo que —según su análisis— generaría un vicio de nulidad absoluta en su base jurídica.
El abogado señaló que, desde la perspectiva del derecho procesal, un tribunal sin fundamento legal válido carece de competencia tanto subjetiva como objetiva, lo que implicaría que sus decisiones no serían simples irregularidades, sino actos jurídicamente inexistentes.
“Un tribunal sin base legal carece de competencia subjetiva y objetiva. Los actos dictados por un juez no natural no son meras irregularidades formales; son jurídicamente inexistentes”, afirmó Joel García en su cuenta oficial de X.
Este planteamiento se enmarca en el debate sobre la legalidad de los denominados tribunales con competencia en terrorismo en Venezuela, creados por resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una figura que ha sido objeto de críticas por organizaciones y expertos en derechos humanos.
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En su análisis, el especialista en Derecho Penal también advirtió que el traslado de expedientes a tribunales ordinarios no eliminaría los vicios de origen, por lo que —a su juicio— todas las actuaciones previas podrían estar afectadas.
Esto incluiría, según su planteamiento, detenciones, acusaciones y condenas emitidas bajo la jurisdicción especial, las cuales podrían considerarse vulneraciones al debido proceso.
“Si la jurisdicción de origen era inconstitucional, todas las privaciones de libertad, acusaciones y condenas previas están viciadas”, señaló.
Finalmente, el jurista concluyó que la solución jurídica no se limita a la redistribución de expedientes entre tribunales, sino que sería necesaria una revisión integral del sistema.
“Para restaurar el Estado de Derecho no basta con mudar los archivos de oficina. La justicia exige la declaratoria de nulidad integral de estos procesos simulados”, indicó.
