La organización no gubernamental de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió la apertura inmediata de una investigación independiente, exhaustiva e imparcial por la muerte del preso político Víctor Quero, luego de que autoridades del régimen chavista, confirmaran que falleció mientras se encontraba bajo su custodia.
Por: lapatilla.com
A través de un extenso comunicado publicado la tarde del jueves 7 de mayo, en su cuenta oficial en X (antes Twitter), la ONG advirtió que el caso debe ser investigado conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), al considerar que existen graves inconsistencias en la versión oficial y posibles violaciones a los derechos humanos.
La organización subrayó que la investigación no puede permanecer en manos de las mismas instituciones estatales responsables de la custodia de la víctima, especialmente ante elementos que —según señalan— comprometen la transparencia y credibilidad de la información oficial.
En su pronunciamiento, la ONG cuestionó la versión del chavismo sobre el supuesto desconocimiento de los vínculos familiares de Víctor Quero. Según el comunicado, la madre del detenido, Carmen Navas, habría realizado múltiples diligencias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para conocer su paradero y situación.
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Uno de los puntos más graves señalados por la organización es la existencia de contradicciones entre instituciones del Estado. De acuerdo con el comunicado, el 24 de octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo habría informado —tras consulta al Ministerio Público— que Víctor Quero se encontraba recluido en el centro penitenciario Rodeo I.
Sin embargo, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sostiene actualmente que el fallecimiento ocurrió el 24 de julio del mismo año, generando una discrepancia cronológica que, según la ONG, requiere una explicación oficial verificable.
La organización alertó que los hechos descritos podrían ser compatibles con una situación de desaparición forzada, debido a la falta de información consistente sobre el paradero de la víctima y las contradicciones entre organismos del Estado.
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Asimismo, advirtió sobre posibles violaciones al deber de garantía y protección de las personas privadas de libertad, así como al derecho al debido proceso, al acceso a la información y al derecho a la verdad de los familiares.
En su comunicado, la ONG exigió que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean realizadas por especialistas independientes, con estricto resguardo de la cadena de custodia y acceso pleno de los familiares y su representación legal a toda la documentación del caso.
También solicitaron que se determinen responsabilidades individuales de funcionarios que hayan participado, por acción u omisión, en la custodia, registro o comunicación de información relacionada con el detenido.
La organización reiteró que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, así como de mantener registros claros, precisos y verificables.
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En este contexto, la ONG concluyó que la falta de coherencia en la información oficial y las inconsistencias entre instituciones comprometen la responsabilidad internacional del Estado, por lo que resulta indispensable una investigación externa e independiente.
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