Los investigadores de la Guardia Civil de España que analizan el accidente ferroviario registrado el pasado mes de marzo en la localidad cordobesa de Adamuz han concluido en un informe remitido al juzgado que la retirada de material clave de la vía se ejecutó por orden de un alto cargo técnico de ADIF dependiente del Ministerio de Transportes. Documentación a la que ha tenido acceso El Debate acredita que esa decisión afectó directamente a elementos estructurales implicados en el siniestro que fueron desmontados, sustituidos y trasladados fuera del lugar de los hechos antes de quedar plenamente bajo control judicial.
Por El Debate
Tal y como ha podido saber este periódico, los agentes de la Policía Judicial sitúan el origen de la orden en el subdirector de Operaciones de Mantenimiento de ADIF, un cargo integrado en la estructura del gestor ferroviario público, dependiente a su vez del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. La orden no se cursó por escrito sino que fue transmitida de forma verbal a través de la cadena jerárquica interna. En concreto, desde ese subdirector al jefe de área y, de ahí, al responsable de base encargado de ejecutar los trabajos sobre la vía.
El informe policial reconstruye con precisión la secuencia de actuaciones. Entre los días 22 y 23 de enero de 2026, inmediatamente después del accidente, operarios de mantenimiento comenzaron a retirar material dañado en la zona del desvío donde se produjo el incidente. Esa primera intervención incluyó elementos especialmente sensibles desde el punto de vista pericial, como fragmentos de la aguja ferroviaria y tramos de carril deformados por el impacto.
Semanas después se produce una segunda actuación que centra la atención de los investigadores. El jefe de base de ADIF en Hornachuelos, que declara en calidad de testigo, reconoce ante la Guardia Civil que recibió la instrucción de sustituir varios «cupones» en el entorno del punto kilométrico donde tuvo lugar el siniestro. Según su testimonio, esa orden le fue trasladada por su superior inmediato tras recibir indicaciones del subdirector de Operaciones.
El elemento que dispara la relevancia de esta actuación no es solo la sustitución en sí, sino las circunstancias en las que se ejecuta. El propio responsable que lleva a cabo los trabajos admite ante los agentes que no se le facilitó ninguna justificación técnica concreta para reemplazar determinados tramos y que, en algunos casos, los cupones retirados «no presentaban defectos aparentes». En su declaración, incorporada al atestado, llega a afirmar que entendió que la actuación «no tenía respaldo legal», una expresión que los investigadores destacan por su trascendencia en el contexto de una investigación judicial abierta.
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