El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó hoy su grave preocupación por la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas y su posterior fallecimiento bajo custodia, e instó al Gobierno de Venezuela a iniciar una investigación pronta, efectiva e independiente sobre los hechos.
“La desaparición del Sr. Víctor Hugo Quero Navas y su posterior muerte bajo custodia deben ser objeto de una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Dicha investigación debe incluir la realización de pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia”, afirmó el Grupo de Trabajo.
Según la información recibida, tras su detención en enero de 2025, familiares del Sr. Quero Navas habrían acudido reiterada y periódicamente ante distintas autoridades competentes para solicitar información sobre su suerte y paradero, sin obtener respuesta ni acceso a comunicación con él.
El Grupo de Trabajo transmitió el caso al Gobierno de Venezuela en el marco de su mandato humanitario el 31 de marzo de 2025, sin haber recibido respuesta de las autoridades. Posteriormente, el 7 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas emitieron un comunicado público en el que señalaron que el Sr. Víctor Hugo Quero Navas habría sido detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial Rodeo I. Asimismo, indicaron que no se habrían registrado visitas ni identificado a familiares, pese a que existía una campaña pública, a nivel nacional, impulsada por sus allegados para localizarlo e identificarlo.
El comunicado también indicó que el 15 de julio de 2025 el Sr. Quero Navas habría sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, donde posteriormente habría fallecido por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar.
“Resulta profundamente preocupante que las autoridades, pese a tener conocimiento desde hace tiempo de la búsqueda emprendida por la madre del Sr. Quero Navas, no hayan proporcionado esta información sino hasta ahora, meses después de su fallecimiento, y únicamente a través de un comunicado público, sin haber informado previamente a su familia ni respondido a las múltiples solicitudes presentadas”, señaló el Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo indicó además que cuenta con un “Acta de Comparecencia” suscrita por la Defensoría Pública de Venezuela, suscrita en fecha 24 de octubre de 2025. Según dicho documento, se habría informado a la familia que se encontraba en el Centro de Detención Rodeo I, sin embargo, su paradero nunca pudo ser confirmado ante la negativa de los guardias presentes y tampoco se le informó sobre su fallecimiento.
“Las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia de octubre de 2025 requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento. También preocupa en esta situación la independencia judicial y de autonomía de la fiscalía”, indicaron.
“El caso del Sr. Quero Navas ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida”, afirmaron las expertas. “El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso”.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas”, concluyeron.
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