Para este jueves, la Asamblea Nacional chavista ha prometido la segunda aprobación del proyecto de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que ha sido objeto de consultas con los gremios profesionales, abogados y familiares de los presos políticos y, al mismo tiempo, de muchas críticas por parte de los juristas.
Por Ludmila Vinogradoff | ABC.es
La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el 30 de enero al Parlamento el borrador del proyecto con 13 breves artículos para que fuesen discutidos de manera rápida y acelerada. Un proceso que juristas como Juan Carlos Apitz y Delsa Solorzano calificaron de inmediato como «incompleto, insuficiente y potencialmente peligroso». Se esperaba su aprobación en la sesión del Parlamento del martes, pero fue aplazada.
El borrador de amnistía abarca los hechos políticos violentos desde 1999, cuando comenzó la era chavista, hasta el día de hoy. Pero muchos critican que faltan las manifestaciones y protestas de los últimos cuatro años, cuando se produjeron las detenciones masivas de hasta 2.400 personas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A tenor de las únicas actas electorales dadas a conocer, el opositor Edmundo González Urrutia fue el ganador de dichos comicios, pero Nicolás Maduro se atribuyó la victoria y tomó posesión como presidente en medio de fuertes críticas internas y externas.
El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, ha señalado la necesidad de derogar las represivas normativas chavistas. Entre ellas destacan las conocidas como Ley del Odio y Ley de Simón Bolívar, para que la amnistía pueda aplicarse con justicia. Sin embargo, ya el presidente de la comisión especial que redacta el documento ha afirmado que las leyes no se van a aprobar en la amnistía, sino en otro momento. La vicepresidenta de la comisión, la diputada opositora Nora Bracho, confirmó que la bancada chavista no tiene intención de eliminar las leyes represivas, pero la minoría del Parlamento intentará incorporarlas en el texto.
Unos 631 presos políticos (hasta el día de hoy según el registro de la ONG Foro Penal), de los cuales 187 son militares, esperan salir sin condiciones con libertad plena, sin tobilleras electrónicas, arresto domiciliario, prohibición de salida del país ni régimen de comparecencias ante los jueces.
Otros sectores consultados, que pidieron el anonimato, ven con preocupación que el proyecto de ley sea una especie de caballo de Troya del oficialismo para salvar a los verdugos y torturadores que violaron los derechos de los detenidos.
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