Familiares de personas detenidas por el caso de los supuestos explosivos en Plaza Venezuela exigieron su liberación durante una movilización realizada el domingo 8 de marzo en Caracas, en el marco del Día Internacional de la Mujer, según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) en su cuenta oficial en la red social X.
Por: lapatilla.com
Sandra Rosales y Evelin Quiaro participaron en la actividad para denunciar la situación de sus familiares, quienes permanecen recluidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocida como Zona 7, ubicada en Boleíta, y a quienes vinculan con un supuesto plan terrorista sin pruebas.
Rosales informó que el pasado 5 de marzo se realizó una audiencia telemática en la que se ratificó la privación de libertad de los detenidos.
“En el caso de Zona 7 aún hay una mujer a la que no se le ha otorgado la libertad”, señaló.
La denunciante agregó que la mayoría de los implicados en este expediente son funcionarios que continúan privados de libertad pese a que —según afirma— no existen elementos que demuestren su responsabilidad en los hechos.
Por su parte, Evelin Quiaro, madre de Joel Bravo, denunció que su hijo fue vinculado falsamente con el exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana, Iván Simonovis, pese a que asegura que nunca ha tenido relación con él.
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Quiaro explicó que Bravo era apenas un bebé cuando ocurrieron los hechos por los que fue acusado el excomisario hace más de dos décadas.
“Mi hijo no conoce a Simonovis ni ha tenido ningún tipo de relación con él”, aseguró. La mujer recordó que el exfuncionario policial se encuentra actualmente en el exilio.
El caso de los presuntos explosivos en Plaza Venezuela, en Caracas, fue presentado por el régimen chavista en 2025 como un supuesto plan terrorista tras la detención de varias personas señaladas de participar en el hecho.
Organizaciones y familiares de los acusados sostienen que el expediente ha sido utilizado como argumento para justificar persecuciones políticas durante el segundo semestre de 2025.
De acuerdo con reportes de organizaciones de derechos humanos, varios detenidos por este caso permanecen recluidos en la sede de la PNB en Boleíta, mientras sus familiares mantienen protestas y vigilias para exigir su liberación.
Video, cortesía: X/@clippve
