Familiares de personas privadas de libertad en el centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda, permanecen a las afueras del recinto a la espera de información oficial sobre el estado de salud de sus seres queridos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que durante la mañana del miércoles 22 de abril se observó la salida de autobuses desde el penal, lo que generó preocupación entre los familiares presentes ante la posibilidad de traslados no notificados.
“Temen que estén trasladando a los privados de libertad sin informarles”, señaló la organización en su reporte difundido en la red social X.
Denuncian salida de buses desde Yare III
El abogado y miembro de la organización no gubernamental (ONG) Provea, Eduardo Torres, también alertó sobre el movimiento de unidades de transporte en el centro penitenciario.
“Van 11 buses. ¿Dónde llevan a los privados de libertad? ¿Y la investigación independiente? ¿Cuál es el saldo de la represión? ¿En qué estado van?”, escribió en su cuenta de X.
Las denuncias se producen en medio de la incertidumbre de los familiares, quienes permanecen concentrados a las afueras del recinto penitenciario.
Lo que se sabe sobre el presunto motín en la cárcel de Yare III
El martes 21 de abril, el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó que cinco privados de libertad murieron durante un presunto motín ocurrido el 20 de abril en la cárcel de Yare III.
Las autoridades identificaron a las víctimas como: Kelvin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.
El OVP denunció que, tras el hecho, las autoridades del centro penitenciario suspendieron, sin ninguna explicación, la visita de familiares el 20 de abril y solo permitieron el ingreso de alimentos y artículos de uso personal.
La ONG además alertó que la suspensión de visitas sin causa justificada y la falta de información constituyen una violación a los “estándares internacionales de derechos humanos”.
Ante esta situación, la organización solicitó la intervención del penal mediante una comisión integrada por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Caracas.
Por su parte, las autoridades informaron que los hechos se encontraban bajo investigación, pero no ofrecieron detalles adicionales sobre lo ocurrido dentro del penal.
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