Familiares de los presos políticos por el caso “Operación Gedeón” pudieron verlos la noche del 12 de febrero luego de seis meses, tras la visita denunciaron que encontraron a sus seres queridos en estado de desnutrición.
“Para nosotros, en vez de ser una alegría, nos trajimos el corazón arrugado y llena de lágrimas nuestra vista, porque de verdad que fue un martirio ver a nuestros muchachos como los vimos: desnutridos, con la mirada desorientada, en ningún momento ellos quisieron pararse, cuando mi hijo estaba comiendo la mano le temblaba”, explicó la madre de uno de los presos políticos al periodista Seir Controras.
La mujer contó que su hijo negó cualquier tipo de tortura como golpes o aislamiento. Sin embargo, ella aseguró que notó que no se encontraba bien físicamente.
“Estamos pidiendo a nivel internacional que nos ayuden, que esos muchachos sean evaluados por un médico, un psiquiatra, un psicólogo, ellos necesitan ayuda pero internacional para que de verdad nosotros nos sintamos seguros de que ellos van a ser atendidos”, agregó.
Describió que durante la visita pudieron ver a sus familiares a través de una reja, acompañados de funcionarios encapuchados dentro y fuera de las celdas, quienes tenían un teléfono que grababa la conversación, por lo que denunció que no tuvieron privacidad para hablar libremente sobre cómo han sido tratados en su detención.
Constataron fe de vida y ubicación
Los familiares de los detenidos por la Operación Gedeón emitieron un comunicado en el que aseguran que pudieron constatar que sus seres queridos siguen con vida y recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios autorizó la visita para el 12 de febrero, luego de haber pasado varios meses sin verlos ni conocer su paradero. El comunicado detalla las “condiciones inhumanas” en las que se encontraban los reclusos. Afirmaron que próximamente presentarán una denuncia formal sobre el estado “crítico” de los privados de libertad.
“Presentan cuadros severo de desnutrición, es evidente la falta de alimentación adecuada, lo que constituyó una violación al derecho de la vida y salud. También presentan desorientación cognitiva, se observaron signos de afectación psicológica derivada del aislamiento y las condiciones de reclusión”, señaló una de las familiares al leer el comunicado.
El texto menciona la necesidad de que una comisión médica independiente o de la Cruz Roja Internacional pueda evaluar a los privados de libertad, que afirman, permanecen detenidos “sin un proceso judicial transparente”.
Asimismo, instaron a que se regularice el régimen de visitas de familiares y abogados a los 32 detenidos por este caso. Los familiares responsabilizan al Estado venezolano por la integridad física de cada uno de los recluidos.
Exigen traslado a El Helicoide
Los familiares exigieron que los detenidos por el caso Gedeón sean trasladados nuevamente a su centro de reclusión de origen, es decir, a El Helicoide, en Caracas.
La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue el primer recinto en el que estuvo detenido este grupo y resulta de más fácil acceso para sus familiares.
“Esta solicitud no es un capricho, es una necesidad vital. La ubicación actual en el fuerte Guaicaipuro es inaccesible para las familias de escasos recursos que viajan desde distintos estados del país”, añadió una de las familiares.
Estas personas aseguraron que el traslado a Caracas les permitirá a sus parientes recibir paquetería, alimentos y asistencia nutricional tres veces por semana.
“Mantenerlos lejos de sus familiares es castigar también a madres, hijos y esposas que no tienen para costear el traslados. Acercarlos es garantizar el derecho humanos básico a la alimentación y al apoyo efectivo de sus seres queridos”, explicaron.
La Operación Gedeón fue una incursión marítima de un grupo de militares disidentes venezolanos en la costa de Macuto (La Guaira) y Chuao (Aragua) que se registró el 3 y 4 de mayo de 2020, presuntamente con la intención derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Los funcionarios se encontraban exiliados en Colombia desde enero de 2019 y estaban acompañados de miembros de una fuerza de seguridad estadounidense. Inicialmente, ocho soldados fueron arrestados en la orilla y otros seis fueron ultimados en la playa
La segunda ola de militares llegó el 4 de mayo, pero fue interceptada por la Marina venezolana. Todos los atacantes fueron capturados en un movimiento que involucró a la policía local. Otros dos sospechosos fueron detenidos en Puerto Cruz más tarde.
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