Los familiares de cuatro oficiales de la Aviación Militar Bolivariana, presos desde el 28 de mayo de 2025, denunciaron desde las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, las precarias condiciones de detención y las presuntas violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.
Las parejas de los capitanes Edgar Jordan y José Ramonis, junto a los mayores Jesús Chávez y Eduardo Parra, señalaron en entrevista para El Diario el 25 de febrero que todos son pilotos de combate del sistema Hongdu K-8W, una plataforma de fabricación china clave para el entrenamiento y ataque ligero.
A pocos días de cumplirse nueve meses de su privación de libertad, los familiares destacaron que las aprehensiones se ejecutaron sin orden de detención en Maracay, Maracaibo y Caracas el mismo día.
Los funcionarios fueron detenidos “mediante engaños”, según detallaron las parejas de estos oficiales, quienes aseguraron que los llamaron para supuestos interrogatorios o entrevistas administrativas de los cuales nunca retornaron.
Denuncias de los familiares
Una de las denuncias formuladas por las familias de los pilotos es la incomunicación a la que estuvieron expuestos desde su detención, por lo que consideran que estuvieron en situación de desaparición forzada durante 83 días, periodo en el que sus parientes recorrieron diversos centros penitenciarios sin obtener respuesta oficial.
Finalmente, pudieron confirmar que los cuatro oficiales permanecían recluidos en el Comando Nacional Antidrogas ubicado en Las Acacias, en Caracas.
“No nos daban información, nos decían que fuéramos a varios centros y no los encontrábamos y siempre estuvieron en el mismo lugar”, relató una de las esposas, quien por razones de seguridad prefiere mantener el anonimato ante las amenazas recibidas por parte de las autoridades de custodia.
A pesar del tiempo transcurrido, la defensa técnica y los familiares resaltaron que no han tenido acceso al expediente judicial. Los cargos que pesan sobre los pilotos incluyen traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con el extranjero.
A pesar de la reciente promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, las parejas de los militares expresaron que el panorama legal para estos oficiales es incierto.
“No sabemos si la ley los puede beneficiar. Simplemente nos dicen que por ser militares tienen que esperar”, explicaron los familiares desde el Palacio de Justicia, a donde acudieron para conocer si podrán ser incorporados a la medida de amnistía.
Maltratos y deterioro de la salud mental
Los testimonios de las parientes de los cuatro pilotos describieron un patrón de maltratos físicos y psicológicos durante el tiempo en el que han estado presos.
De acuerdo con los relatos, los oficiales fueron sometidos a golpes y otros maltratos. Además, indicaron que las condiciones de reclusión han derivado en un deterioro de la salud mental de los pilotos.
Estas son algunas de las condiciones que las parejas de los oficiales relataron:
– Los detenidos permanecen las 24 horas del día dentro de sus celdas, donde deben realizar todas sus necesidades fisiológicas y de higiene personal.
– No han tenido acceso a la luz solar ni han podido respirar aire puro.
– El encierro prolongado ha generado cuadros de ansiedad severa y otros trastornos psicológicos.
– Reportaron que, durante el tiempo que llevan detenidos, las autoridades no han permitido el ingreso de alimentos suministrados por sus parientes.
El temor a la denuncia pública
Las esposas de los capitanes y mayores manifestaron temor de acudir a los medios de comunicación, debido a que han recibido advertencias directas sobre posibles represalias contra los oficiales en custodia.
“Nos han amenazado con que si hablamos con la prensa, ellos son los que van a pagar”, afirmaron.
No obstante, decidieron alzar la voz para visibilizar la vulnerabilidad de estos pilotos de combate, quienes debieron ser presentados ante un tribunal en un lapso no mayor a 48 horas tras su detención, una garantía que aseguraron fue omitida en su totalidad.
Las parejas de los presos considerados políticos exigieron saber si los pilotos podrán acceder a la liberación a través de la legislación recientemente aprobada por la Asamblea Nacional (AN).
Medidas de gracias para excluidos de la amnistía
La Ley de Amnistía cubre, en teoría, el periodo comprendido entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas políticas desde 2002. Esto deja fuera arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos vinculados a operaciones militares, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.
Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, señaló que al menos 400 presos políticos quedan por fuera de la Ley de Amnistía, entre los que resaltan los casos de militares acusados de delitos de traición a la patria.
Sin embargo, el presidente de la AN Jorge Rodríguez afirmó el 21 de febrero que personas excluidas de la Ley de Amnistía podrían recibir “medidas de gracia” o indultos por parte del Ejecutivo nacional, mientras avanzan las excarcelaciones.
Asimismo, indicó que la comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la ley, presidida por el diputado Jorge Arreaza, se mantiene en sesión permanente para analizar las solicitudes.
Esta afirmación fue posteriormente confirmada por el diputado Arreaza, quien argumentó que dicha comisión ya evalúa otros casos que se pueden abordar desde el espíritu de la amnistía.
El diputado también confirmó que sostuvo una reunión con algunos familiares de los militares detenidos que quedaron por fuera de la Ley de Amnistía.
“Me reuní con familiares de los militares de la operación Gedeón, Armagedón. Los militares tienen sus propios códigos y sus juramentos. Sin embargo, sé que la justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas”, añadió.
Sobre el caso de los policías metropolitanos, detenidos por los sucesos del 11 de abril de 2002, Arreaza confirmó que es una de las exclusiones de la ley, pero que el tribunal que lleva estos casos podría estudiar si se puede establecer alguna medida sustitutiva de libertad.
Hasta el 23 de febrero, Arreaza contabilizó un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía. Además, señaló que la comisión que preside ha recibido más de 3.000 solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en los tribunales del país.
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