Organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos confirmaron este 19 de mayo la excarcelación de los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, acusados de presuntamente estar vinculados al caso de los sucesos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.
Las excarcelaciones forman parte del anuncio que realizó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre una nueva tanda de medidas de excarcelación para unas 300 personas privadas de libertad. Entre los beneficiados mencionó a los policías metropolitanos.
Rovaín, Bolívar y Molina fueron detenidos en abril de 2003 y posteriormente condenados por hechos relacionados con la crisis política que se desencadenó en 2002, en la que se reportaron varias muertes en medio de enfrentamientos que se desarrollaron en la ciudad de Caracas.
Diversas ONG y sectores opositores denunciaron durante años presuntas irregularidades en el proceso judicial de estos policías, a quienes consideraban entre los presos políticos con más tiempo encarcelados en Venezuela.
ONG siguen llamando a la liberación de todos los presos políticos
Tras conocerse la excarcelación de Rovaín, Bolívar y Molina, organizaciones y activistas reiteraron que aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país y exigieron nuevas liberaciones en las próximas semanas.
“La cifra de presos políticos asciende a las 500 personas. Nuestras exigencias de libertad no cesará hasta que todos sean libres”, escribió la organización Realidad Helicoide en X.
Jorge Rodriguez había anunciado más temprano la ejecución de la excarcelación de 300 presos políticos. De acuerdo con el presidente del Parlamento, la medida sería progresiva entre el 18 y 22 de mayo.
“Entre el día de ayer y este viernes 300 personas serán puestas en libertad. Algunas incluso con delitos demostrados”, afirmó Rodríguez durante su alocución oficial. El representante del gobierno legislativo argumentó que esta decisión responde a una política de revisión de causas judiciales impulsada desde las altas esferas del poder del Estado.
El parlamentario detalló que la comisión técnica encargada de evaluar las medidas sustitutivas de libertad priorizó a los sectores de la población penal que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. El beneficio incluye a adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a personas diagnosticadas con patologías médicas crónicas que requieran atención especial e inmediata fuera de los centros de reclusión.
La respuesta de las ONG
Tras el anuncio de Rodríguez, abogados, defensores de derechos humanos y varias ONG se pronunciaron para recordar que en el país existen aún más de 500 presos por causas políticas.
“Bienvenido el anuncio sobre excarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan. Todo paso hacia la libertad es un buen paso, pero manejemos las expectativas con prudencia”, escribió Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, en su cuenta en X.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recalcó que en sus registros tienen confirmado un total de 654 personas privadas de libertad por motivos políticos. Expresaron que el anuncio de las excarcelaciones “no alcanza ni a la mitad” de quienes permanecen detenidos.
“Si bien la liberación de estas 300 personas —entre ellas adultos mayores, adolescentes, personas con graves condiciones de salud y funcionarios policiales detenidos desde 2002— representaría un alivio para sus familias y comunidades, la herida se mantendrá abierta si más de 300 ciudadanos continúan tras las rejas, entre ellos más de 200 militares”, es parte de lo que dice la publicación de la ONG.
Sobre el caso de los policías metropolitanos
Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovain han permanecido más de 23 años de prisión, luego de ser detenidos por su presunta vinculación con los hechos ocurridos en Caracas el 11 de abril de 2002, conocidos como los sucesos de Puente Llaguno, que dejaron 19 muertos y más de un centenar de heridos en medio de la crisis política que derivó a la salida temporal de Hugo Chávez del poder.
En total fueron imputados cuatro comisarios y cinco funcionarios de la hoy extinta Policía Metropolitana, entre ellos Iván Simonovis (en el exilio), Lázaro Forero (libertad condicional), Henry Vivas (libertad condicional), Arube Pérez (liberado tras cumplir su sentencia), Marco Hurtado (liberado tras cumplir su sentencia) y Rafael López (liberado tras cumplir su sentencia).
Los tres funcionarios habían recibido 30 años de prisión acusados de ser cómplices en los delitos de homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva. También, lesiones personales graves y leves y uso indebido de armas de fuego.
En marzo de 2026, sus abogados solicitaron amnistía para Bolívar y Molina, sin embargo, un tribunal declaró la medida de “improcedente”, según lo establecido en el artículo 9 de la ley, que establece las exclusiones fundamentales del beneficio.
La amnistía no aplicaba para delitos graves como violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, corrupción, ni actos armados contra la soberanía nacional.
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