La notificación de la administración estadounidense a un tribunal federal, reconociendo a Delcy Rodríguez como jefa del Estado venezolano, es recibida como una jugada táctica. Y lo es. Sin embargo, minimizarla, es ingenuo. En realidad, enclaustra un principio profundo, la imputación ética y moral, además de la política, donde no hay gestos inocentes.
Reconocer, no es solo otorgar estatus, es, ante todo, colocar sobre sus hombros el peso del deber. ¡Reconociéndote, te responsabilizo! Más allá del trámite, el movimiento de Washington encierra una pregunta esencial, tan filosófica como práctica. ¿Quién responde, a partir de ahora, por el destino de Venezuela?
La filosofía política, desde la dialéctica hegeliana del reconocimiento hasta la tradición republicana de la rendición de cuentas, nos enseña que este acto transforma la naturaleza de la deuda política, crea una relación, otorga, pero exige reciprocidad. No basta ser reconocido, hay que demostrar su justificación.
Quien es reconocido deja de ser una sombra difusa en el entramado burocrático del Estado para convertirse en interlocutor con rostro y, por tanto, alguien a quien exigir. Identificar a Delcy Rodríguez como autoridad para actuar ante organismos oficiales y relaciones plenipotenciarias con la Casa Blanca no es un beneplácito de principiantes, es conferirle poder, sí, pero también atribuir una carga correlativa de responder por sus actos. Por eso, no es solo una concesión, es también una prueba.
El sistema político venezolano ha cultivado durante años un arte peculiar, gobernar sin asumir las consecuencias. El poder se diluía entre consignas, aparatos partidistas y discursos ideológicos. Nadie parecía ser garante, todo era culpa del bloqueo, del imperio, de la conspiración. Esa niebla cómoda, donde se agazapaban las responsabilidades, queda ahora perforada por un hecho que establece un punto de referencia político y jurídico. Desde este momento, la conducción del país, acuerdos internacionales, decisiones económicas y encargos, adquiere un solidario identificable. La ambigüedad institucional, el anonimato del aparato, los viejos aliados del poder sin rostro, se resquebrajan.
Por supuesto, cabe preguntarse por la paradoja que subyace. El discurso oficialista construyó su identidad sobre la confrontación con Estados Unidos, presentado como fuente de todos los males y justificación retórica de ineficiencias. Pero, la realidad suele tener un sentido del humor más refinado que la propaganda. Hoy, el mismo actor señalado como enemigo existencial se convierte en el que otorga y restablece cauces diplomáticos. La extravagancia es evidente, también reveladora. Cuando la oratoria se evapora, la política queda desnuda.
Más allá del debate sobre legitimidad de origen, recompensas o acusaciones pendientes, el gesto de Washington tiene efecto ineludible en el plano fáctico de las relaciones internacionales. El reconocimiento elimina excusas estructurales. Si la interlocución produce estabilidad institucional, recuperación económica y apertura política, el mérito tendrá nombre. Pero si el país permanece atrapado en la opacidad, autoritarismo, persecución, desviación democrática y restricciones a la libertad; la responsabilidad ya no podrá esquivarse. Quien es reconocido ya no puede ocultarse detrás del sistema. El mensaje se resume en una frase sencilla, pero profundamente política, te reconozco, por lo tanto, te responsabilizo.
Hay una ironía imposible de ignorar. El reconocimiento que el oficialismo buscó desesperado como validación, llega cargado de exigencias que no puede rechazar. La Casa Blanca abre un canal institucional que puede facilitar la anhelada transición, pero al mismo tiempo fija un principio de adeudo y compromiso que atenaza a quien lo recibe.
El poder deja de ser un laberinto intrincado, adquiere fisonomía y semblante. ¡Sabemos con quien hablar! sobre presos políticos, violación de los Derechos Humanos, falta de agua, electricidad y medicinas, inflación, salario mínimo, educación, obligación de rendir cuenta y otros etcéteras. Y, si no cumple, será enjuiciable, tendrá que responder ante la ley que juró defender.
Entonces, ¿desconocerá la distinción? ¿renunciará? ¿permitirá instituciones independientes? Y, al finalizar, la ausencia temporal, ¿convocará elecciones, libres, justas y transparentes cómo lo ordena la Constitución?
El hecho histórico, implacable como siempre, se encargará de evaluar si este reconocimiento fue el inicio de una transformación, u otra estación en el largo itinerario de las ilusiones políticas. Y la historia, tiene la costumbre de no aceptar excusas.
@ArmandoMartini
