La nueva dimensión que el magistrado Santiago Pedraz ha dado a la pieza secreta del caso Leire -basada en la investigación de la Guardia Civil que detecta coordinación desde el PSOE para derribar investigaciones en contra del partido y del propio Gobierno español- ha alcanzado a un capitán del Cuerpo que, presuntamente, obstruyó procesos judiciales. Se trata de Juan Sánchez Yepes a quien la Audiencia Nacional investiga por otro delito de gran calado que le une con Víctor de Aldama en el denominado caso Hidrocarburos, donde se investiga el millonario fraude de 136 millones cometido con la empresa Gaslow en el IVA. Pedraz entiende que pudo «colaborar para impulsar sospechas ante la directora de la Guardia Civil».
Por Gema Peñalosa | EL MUNDO
La causa sigue el mismo patrón que la que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde Leire Díez, considerada fontanera de Ferraz, se dedica a intentar torcer voluntades como sucedió, según la investigación, con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. Y todo, detallan los investigadores, bajo la batuta de Santos Cerdán, entonces número 3 de Pedro Sánchez.
Fue el propio Stampa, en su declaración como testigo ante el juez que investiga a la exmilitante socialista, aseguró que Díez y su socio y empresario, Javier Pérez Dolset, le citaron en el despacho de Luis del Rivero en mayo de 2025 para proponerle regresar a Anticorrupción a cambio de que les diera información comprometida del jefe del área, Alejandro Luzón, y del responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga a la familia de Pedro Sánchez, Antonio Balas. Stampa grabó aquel encuentro y después interpuso la denuncia que ahora instruye el juzgado de Plaza Castilla.
Además, también se atribuye a la trama las presiones sobre la magistrada Beatriz Biedma, quien ha sentado en el banquillo a David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, cuyo juicio arranca hoy. Sánchez Yepes permanece imputado por los delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado como participante de la organización dirigida, según el juez, a desestabilizar los procedimientos judiciales del PSOE.
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