El perito que elaboró un informe para el juzgado en la investigación de Plus Ultra en 2021, Pedro Martín Molina, confirmó este jueves en el Senado que la SEPI ignoró las advertencias del auditor de la aerolínea sobre la viabilidad de la misma, dudas que también expresaron los asesores externos Deloitte y DC Advisory. Estas dudas impedían a Plus Ultra cumplir las condiciones para recibir el rescate público y, por ello, debía haber entrado en concurso de acreedores, a su juicio.
Por Eduardo Segovia / theobjective.com
«El auditor expuso en su informe, y las entidades profesionales que contrató Plus Ultra daban a entender, que esta empresa estaba en crisis desde 2019 y, si no hubiese recibido la ayuda estatal, estaba en situación de insolvencia. En ese momento, cuando se concede el fondo, hay una prelación de pagos que suponía 32,5 millones; si no se hubiese recibido esa liquidez, al no pagar esas deudas que se mantenían ordinarias de la empresa, no hubiera sobrevivido», aseguró este perito.
El auditor de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, de la firma Audicar, incluyó en su informe sobre las cuentas de la aerolínea de 2020 lo que se conoce como párrafo de énfasis: no es una salvedad, pero sí una llamada de atención sobre los riesgos que corre una empresa. Dicho párrafo advertía de dos incertidumbres: por un lado, la falta de liquidez y riesgo de insolvencia por las pérdidas acumuladas antes de la pandemia, que ponían en duda su viabilidad y, por otro, el posible concurso de acreedores. El propio auditor reconoció que la situación era tan desesperada en 2020 que la compañía estaba cerca de encontrarse en causa legal de disolución y haber entrado en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).
Estos párrafos (conocidos como «going concern», que ponen en duda el principio de empresa en funcionamiento) no son un mero tecnicismo contable que puede pasar desapercibido, sino una advertencia muy seria que cuestiona la viabilidad de una empresa y que tiene implicaciones sobre sus cuentas. Por ejemplo, no pueden apuntarse créditos fiscales por pérdidas de años anteriores (dan derecho a pagar menos impuestos en el futuro, lo que supone un activo), porque no hay certeza de que vaya a seguir funcionando los suficientes años para aplicárselos. Cosa que sí hacía Plus Ultra. Otro caso es el de Duro Felguera, rescatada el mismo día que la aerolínea venezolana, que registra esos párrafos en sus auditorías todos los años.
Evitar las causas de disolución
El perito judicial añadió en su comparecencia parlamentaria que «las cuentas anuales se elaboraron adaptadas a evitar las causas de disolución por pérdidas acumuladas […]. Sin esas apreciaciones en las cuentas de 2019 y 2020, la empresa estaba en crisis, como dice el auditor, en una situación de insolvencia. Al no poder pagar los gastos habituales de la actividad de la empresa, es insolvencia actual».
Los hitos con que se evitó esa causa de disolución fueron el famoso préstamo participativo de Pancorp, que Martín Molina considera que era ordinario, la falta de provisiones por deterioro de valor de sus activos y el beneficio que se apuntó por entregar unas naves en pago a sus bonistas. Las normas del fondo de rescate de la SEPI (Fasee) establecían claramente que «no podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en este programa las empresas en crisis», situación cuyas características se definen en un reglamento europeo.
En consecuencia, Plus Ultra no cumplía las condiciones para acceder a las ayudas públicas en pandemia. La otra gran condición era ser estratégica, algo que Deloitte y DC Advisory defendieron porque «querían demostrar que tenía una cuota de mercado interesante respecto a las low cost y, por tanto, no había una competencia real que asumiera esos vuelos, pero siempre dejaban el párrafo diciendo que, si no se recibía esa ayuda, entraba en una situación de crisis o de preconcurso».
