El director de la organización de derechos humanos Fundaredes, Javier Tarazona, cuestionó la noche de este jueves 28 de mayo las contradicciones entre el discurso del chavismo liderado por Delcy Rodríguez sobre una supuesta “reforma judicial” y la continuidad de procesos penales contra activistas en Venezuela, luego de asistir a una nueva audiencia de su juicio oral y público, el cual —según denunció— acumula cinco años de dilaciones.
Por: lapatilla.com
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Tarazona aseguró que el Palacio de Justicia volvió a convertirse en “el escenario de una contradicción evidente”, al tiempo que criticó las narrativas gubernamentales sobre “convivencia democrática” mientras, afirmó, persiste la criminalización del activismo de derechos humanos.
“Hablan de reforma judicial y nos siguen judicializando. Hablan de convivencia democrática y no nos otorgan la amnistía. No más incoherencias”, expresó el activista.
Tarazona explicó que acudió este jueves a tribunales para dar continuidad a un juicio que, según indicó, ha enfrentado múltiples retrasos desde hace cinco años.
El defensor de derechos humanos sostuvo que, aunque su excarcelación representó “un giro innegable en el panorama político actual del país”, el mantenimiento de medidas restrictivas y la permanencia del proceso penal abierto evidencian “incoherencias” dentro del sistema judicial venezolano.
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“Muros frente a la demanda ciudadana. El país no demanda discursos, sino certezas”, agregó en su publicación, donde también advirtió que mantener la “judicialización” sobre quienes defienden derechos humanos profundiza las fracturas sociales y aleja la posibilidad de una reconciliación nacional.
Asimismo, informó que solicitó una audiencia ante el despacho del doctor Jhon Parody, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con el objetivo de abrir un “espacio técnico y humano” que permita resolver lo que calificó como una “revictimización” hacia él y su entorno familiar.
Javier Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar presuntos actos de hostigamiento en su contra. Posteriormente fue acusado por delitos como terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, cargos rechazados por organizaciones defensoras de derechos humanos.
El activista y director de Fundaredes permaneció recluido en la sede del Sebin en El Helicoide durante cuatro años y siete meses, hasta su excarcelación el pasado 1 de febrero de 2026, aunque su causa judicial continuó abierta.
