
El gremio docente del estado Apure, representado por el Comando Regional Intersindical del Magisterio, este lunes 13 de abril sostuvo una reunión con Johan Laya, jefe de la Zona Educativa, para denunciar lo que consideran una violación sistemática de sus derechos fundamentales.
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Así lo dio a conocer el profesor José Martín Paredes, presidente de Suma y coordinador de los gremios docentes, quien encabezó la entrega de documentos exigiendo la solución inmediata a las suspensiones ilegales de salarios que afectan a educadores con más de 25 años de servicio, una medida que se ha ejecutado sin los debidos procedimientos administrativos tanto a nivel regional como nacional.
«La migración de las nóminas estatales hacia el Ministerio de Educación constituye una verdadera estafa y un fraude legal.
Esta medida no solo violentó el ordenamiento jurídico, sino que confiscó beneficios históricos que forman parte del patrimonio laboral de los educadores. Por ello, exigimos una restitución de esos derechos y una vuelta inmediata a la legalidad por parte del Gobierno», declaró.
Durante la jornada, Paredes fue tajante al calificar como una «estafa» la migración de las nóminas estadales hacia el Ministerio de Educación, asegurando que este proceso constituye un fraude legal que ha confiscado beneficios históricos de los trabajadores.
El dirigente instó a las autoridades a acatar las sentencias de la Sala Constitucional que ordenan jubilaciones inmediatas para quienes ya cumplen los requisitos, evitando dilaciones innecesarias que dejan a los docentes sin el sustento económico que por derecho les corresponde.
A pesar de haber sostenido un encuentro con el director de la Zona Educativa para establecer una mesa de trabajo el próximo sábado, Paredes lamentó la ausencia de autoridades de la gobernación para atender sus reclamos.
El vocero recordó que el magisterio lleva año y medio exigiendo el retorno de sus nóminas y el respeto a la estabilidad laboral, enfatizando que es urgente una vuelta a la legalidad y el cese de los abusos contra un sector que ha visto cómo se irrespetan los principios de inamovilidad e irrenunciabilidad de derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Ledys Ramos, presidenta de Sindite-Apure, manifestó su firme rechazo a las medidas arbitrarias contra los docentes activos.
«Rechazamos rotundamente los atropellos que están haciendo contra el magisterio, contra los maestros que están en el aula», dijo.
En este orden de ideas, Ramos explicó que las interrupciones en los pagos ocurren de manera sorpresiva y sin que exista abandono de cargo, ya que «los suspenden sin previo aviso.
Ramos subrayó la falta de transparencia en estas acciones, asegurando que se ejecutan «sin ninguna causa justificada, y simplemente nadie sabe qué fue lo que pasó».
Finalmente, criticó la incertidumbre institucional que obliga a los educadores a realizar trámites de emergencia para hacer efectivos los pagos.
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