Un depósito clandestino para la fabricación de artefactos explosivos improvisados (AEI), que presuntamente iban a ser utilizados para afectar la jornada electoral legislativa del próximo 8 de marzo, fue desmantelado este miércoles 25 de febrero en el sur de Bogotá, confirmó el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez.
Los explosivos, según el funcionario, pertenecían a un grupo vinculado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y «podrían llegar a ser destinados a acciones terroristas durante la jornada electoral» del 8 de marzo, cuando los colombianos están llamados a elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y a participar en las consultas interpartidistas de distintos sectores políticos.
«En el hecho dos personas fueron capturadas y se incautó material suficiente para fabricar más de 70 AEI. Asimismo, se incautó un lanzagranadas, munición y otros elementos», indicó el ministro.
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El hallazgo se produce a diez días de los comicios y se suma a las advertencias de riesgos para el proceso electoral, luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) incluyera a Bogotá entre los territorios en «riesgo extremo» por la coincidencia de eventos de fraude y de violencia.
En el lugar fueron hallados un lanzagranadas de fabricación artesanal, varias granadas ensambladas y en proceso de elaboración, cilindros metálicos mecanizados que servirían como contenedores de carga explosiva, munición de distintos calibres y herramientas industriales utilizadas para su fabricación.
En la operación participaron la Policía colombiana, el grupo antiextorsión Gaula y la Fiscalía General, con apoyo de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Video, cortesía: X/@UltimaHoraCR
«La democracia no se intimida. Estamos preparados para enfrentar a los criminales que la amenacen», afirmó el ministro, quien aseguró que el Estado está actuando de manera anticipada para proteger a los ciudadanos.
El titular de Defensa anunció además una recompensa de hasta 200 millones de pesos (más de 50.000 dólares) por información que permita anticipar y frustrar posibles atentados terroristas.
«El Estado está actuando, anticipándose y protegiendo a los ciudadanos. No permitiremos que los criminales intimiden la democracia ni que el miedo silencie el voto», añadió Sánchez Suárez.
EFE
