La Defensoría del Pueblo anunció este lunes 25 de mayo su mediación en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) para lograr una solución luego de que presos comunes protestaran el domingo para denunciar malos tratos y que, según una ONG, algunos resultaran heridos por supuestos disparos.
Según un comunicado oficial, una comisión de la Defensoría del Pueblo visitó el centro penitenciario para examinar la integridad física de los detenidos y «escuchar sus demandas a fin de encontrar, junto a las instituciones correspondientes, soluciones a sus solicitudes».
«La actuación de la Defensoría del Pueblo se hace en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales de ser garante del respeto de los derechos humanos de la población carcelaria y como facilitador de canales de comunicación entre los privados de libertad y las autoridades competentes para coadyuvar en el mantenimiento de la paz de estos recintos», expresó.
La institución aseguró que garantizará «el acompañamiento y mediación necesaria, actuando de forma activa en la negociación y priorizando la defensa y protección de los DD HH de la población penitenciaria».
Ministerio Público investiga el motín
El Ministerio Público anunció el lunes 25 de mayo que realizará una investigación por las protestas y el motín registrado el domingo 24 de mayo en el Internado Judicial de Barinas (Injuba).
La Fiscalía General compartió un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que, desde que se hizo pública la situación en el Injuba, la Fiscalía Superior de Barinas envió funcionarios al sitio para “mediar y contribuir a la resolución pacífica del conflicto”.
Asimismo, el documento destaca que se comisionó formalmente a la Fiscalía 49° Nacional con competencia plena en materia de derechos humanos para investigar, determinar lo sucedido en las instalaciones y esclarecer las causas que motivaron la protesta de los internos.
La denuncia
El domingo, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que los presos comunes del Injuba tomaron las instalaciones en protesta por malos tratos de funcionarios y alertó de «algunos heridos» por supuestos disparos contra los reclusos.
El OVP lleva días denunciando que se ha impedido la visita de familiares en esta cárcel.
Según la organización no gubernamental, un grupo de la Guardia Nacional ingresó a las instalaciones y lanzó bombas lacrimógenas que también afectaron a mujeres del anexo femenino, y que luego 112 reclusas fueron trasladadas a un lugar sin especificar.
La ONG Provea había pedido el domingo la «actuación inmediata» de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General, que anunció este lunes la apertura de una investigación.
El pasado abril, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó de un motín en la cárcel de Yare, estado Miranda (norte), que dejó cinco fallecidos, lo que la Fiscalía dijo que investigaría.
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