La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la deportación y la persecución por motivos políticos presuntamente cometidos por las autoridades de Bielorrusia contra opositores.
La decisión se produce tras un examen preliminar iniciado en 2024 por una remisión presentada por el Gobierno lituano, que solicitó investigar supuestos abusos perpetrados por las autoridades bielorrusas, y la Fiscalía destaca «su gran escala, el número de víctimas y la naturaleza organizada de los actos».
Según la Fiscalía, existe una «base razonable para creer» que actos coercitivos que derivaron en deportaciones hacia Lituania formaron parte de una política estatal dirigida contra «opositores reales o percibidos» del Gobierno de Bielorrusia, lo que considera parte de «un ataque generalizado y sistemático contra la población civil».
Además, indicó que hay indicios de que los presuntos crímenes fueron «alentados o aprobados por los niveles más altos del Gobierno», en el marco de una política estatal contra determinados sectores opositores en la población.
La investigación se centrará en crímenes de «carácter transfronterizo» presuntamente cometidos desde el 1 de mayo de 2020 en Bielorrusia, siempre que al menos uno de los elementos del delito haya ocurrido en territorio de Lituania, país que sí es Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
La Fiscalía examinará posibles delitos de «deportación y persecución mediante deportación» contra grupos identificables por motivos políticos presuntamente cometidos por las autoridades bielorrusas.
La CPI precisó que la apertura de una investigación se basa en la conclusión de que se cumplen los criterios legales necesarios, entre ellos la jurisdicción del tribunal, la gravedad de los hechos denunciados y la existencia de una base razonable para creer que se han cometido.
El caso tiene su origen en la crisis política desatada en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales de 2020, en las que el mandatario Aleksandr Lukashenko fue proclamado vencedor en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y de varios gobiernos occidentales.
Tras esos comicios hubo protestas masivas en todo el país y una posterior represión por parte de las autoridades, que incluyó detenciones, procesos judiciales y presión contra figuras opositoras, activistas y periodistas.
Parte de esos opositores abandonaron el país o se trasladaron a Estados vecinos.
Entre ellos se encuentra la excandidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, que se instaló en Lituania, país que se convirtió en uno de los principales centros del exilio político bielorruso.
Dada esta situación, el Gobierno lituano remitió en 2024 la situación a la CPI al considerar que la persecución de opositores y su salida forzada del país podría constituir crímenes de lesa humanidad con efectos en su territorio.
El argumento jurídico se basa en el carácter transfronterizo de los hechos: aunque Bielorrusia no es Estado parte del Estatuto de Roma, Lituania sí lo es, lo que permitiría a la Corte ejercer jurisdicción si parte del delito -como el desplazamiento forzado o la llegada de víctimas- se produce en territorio lituano.
EFE
