El gobierno de Costa Rica anunció una medida para regularizar a solicitantes de refugio provenientes de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia, como parte de una acción especial para las personas que no han recibido respuesta en sus solicitudes.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica informó el lunes 1° de junio que la población beneficiada rondaría los 10.480 solicitantes de refugio, priorizando los casos provenientes de esos cuatro países por las condiciones políticas y sociales que enfrentan dichas naciones.
Aproximadamente 380 mil personas esperaban resolución a sus casos de refugio a inicios del año 2026 y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) registró que solo en 2025 hubo casi 29 mil nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos.
La medida representa un avance, pero no una solución definitiva para todas las personas que esperan regularizar su situación migratoria en Costa Rica desde hace varios años.
Los beneficiarios solo serán personas que hicieron su solicitud de refugio después de junio de 2014 y antes del 7 de mayo de 2026.
El periodista nicaragüense Iván Olivares llegó a Costa Rica a mediados de 2021 y lleva casi 5 años esperando respuesta en su solicitud de refugio, petición que hizo como perseguido político del régimen de Daniel Ortega.
Olivares confesó en una entrevista a El País de España que le sorprendió mucho cuando conoció la noticia, aunque admitió que se acostumbró a ser solicitante de refugio. “En la práctica, no percibo que haga mucha diferencia ser solicitante de refugio que refugiado”.
El periodista hizo todo lo posible para que avanzara su proceso de refugio, presentó a las autoridades citaciones de la Fiscalía de Nicaragua por ejercer el periodismo y solicitudes de “pronto despacho” para agilizar su expediente. Además, cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una sorpresa para quienes trabajan por los refugiados
A los representantes del SJM también les sorprendió la medida de la presidenta Laura Fernández, quien asumió el cargo el 8 de mayo como sucesora de Rodrigo Chaves.
“Es un reconocimiento por parte del gobierno de la profunda mora que tiene el sistema de refugio, las dificultades para la pronta y eficaz resolución de los casos, y la irregularidad estructural de miles de personas que están en esa condición porque el sistema no ha logrado responder adecuadamente”, explicó a El País Adam Álvarez-Calderón, director del SJM, quien calificó la medida como oportuna y necesaria, pero inesperada.
Agregó que el gobierno anterior dio señales contradictorias con respecto al tema de los refugiados en los últimos cuatro años. En instancias internacionales, Chaves se mostraba con un discurso de puertas abiertas y respeto a los migrantes, pero dentro del país hubo una reducción del presupuesto a instituciones como Migración y al sistema de protección en general.
“Estas personas pueden pasar años esperando una resolución de sus solicitudes, lo que afecta su seguridad jurídica en el país y limita ampliamente sus posibilidades de integración económica y social”, comentó el director del SJM.
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