La Comisión Nacional de Loterías (Conalot) anunció el despliegue de un operativo de fiscalización nacional para supervisar a los operadores de rifas en Venezuela.
A través de un comunicado, publicado el 29 de enero en sus redes sociales, el ente informó que esta medida forma parte de un plan para regular el juego legal y la transparencia de los sistemas de rifas en todas sus modalidades.
El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, instó a todos los operadores, tanto físicos como digitales, a someterse a la revisión de cumplimiento de las leyes vigentes.
Desde el cierre de 2025, la Conalot ha anunciado algunas normas que tienen como objetivo regular y controlar la actividad de lotería en el país.
En este sentido, resaltó que para que un operador de rifas sea considerado legal ante las autoridades venezolanas, se exige que las plataformas digitales cuenten con sistemas de trazabilidad total, lo que significa que los sistemas deben permitir una revisión de sus estructuras operativas.
La institución especifica en su página web los distintos reglamentos para rifas y los registros necesarios para los centros de apuestas, con el fin de que los comerciantes estén preparados antes de la llegada de las comisiones de inspección.
Vigilancia a los operadores de rifas
Este anuncio de auditoría masiva se suma a los lineamientos obligatorios emitidos por la Conalot en diciembre de 2025.
En ellos, el ente regulador pone énfasis en la fiscalización de los medios digitales y tradicionales a través de su Unidad de Observatorio de la Actividad de Lotería, la cual realiza verificaciones constantes en redes sociales para detectar promociones que violen la normativa.
Entre los puntos de mayor vigilancia se encuentran la prohibición de premios en divisas y la rifa de procedimientos quirúrgicos estéticos, una práctica que había ganado popularidad en plataformas como Instagram y que ahora acarrea la suspensión inmediata de la licencia de operación.
Además, el enfoque de la Conalot también busca asegurar que cada operador cumpla con el pago de impuestos correspondientes, y quienes incurran en su incumplimiento podrían recibir multas o suspensión del permiso.
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