El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el 5 de febrero haber sido víctima de actos de intimidación por parte de sujetos desconocidos, luego de una actividad que realizaron en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización no gubernamental (ONG) en X, los sujetos se encontraban apostados cerca del lugar donde se estacionó el vehículo de Margareth Baduel, integrante del comité, desde donde presuntamente tomaban fotografías.
Asimismo, el Clippve aseguró que los hechos continuaron cuando familiares de los presos políticos abordaron un autobús con destino al centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda. Denunciaron que en ese momento también habrían sido fotografiados por los mismos sujetos.
El comité agregó que durante toda la jornada se registró una “fuerte” presencia policial, así como de grupos civiles, que rodearon la concentración pacífica para, presuntamente, vigilar a los manifestantes.
“Responsabilizamos a las autoridades de cualquier intento de persecución. No somos delincuentes; somos familiares que solo exigimos justicia, el debido proceso y conocer el paradero de nuestros seres queridos desaparecidos. ¡Exigir derechos no es un delito!”, escribió la ONG.
La concentración en el Palacio de Justicia
Durante la mañana del 5 de febrero, familiares de los presos políticos se concentraron en las adyacencias del Palacio de Justicia, en la avenida Bolívar, en el municipio Libertador de Caracas.
La concentración fue convocada por el Clippve y tenía como objetivo denunciar los casos de desaparición forzada de detenidos por motivos políticos, así como para exigir la libertad plena de todos.
Asimismo, la organización exhortó a las autoridades venezolanas la libertad plena e inmediata de todas las personas privadas de libertad por razones políticas en el país.
Los manifestantes despliegan imágenes de sus familiares detenidos por motivos políticos a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas.
Diego Casanova, miembro del Clippve, exigió celeridad en las excarcelaciones de presos políticos y la eliminación de las medidas restrictivas que pesan sobre las personas ya excarceladas.
Por su parte, Nesmar Silvera, esposa del preso político Franks Cabaña, alertó que su cónyuge es el único detenido por el caso de Óscar Pérez, exinspector del CICPC que se sublevó contra el gobierno y falleció en 2018 durante la llamada “Masacre de El Junquito”, y que han transcurrido cuatro años de retardo judicial.
“Tenemos cuatro años esperando una apertura de juicio que nunca llega. Franks es un hombre inocente, no es un delincuente”, declaró Silvera.
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