La presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (Cavenju), Daniel López, informó que el gremio solicitó una serie de peticiones ante las autoridades del sector económico para ajustar el marco regulatorio que rige el ingreso de mercancías al país.
López detalló, en una entrevista radial para Unión Radio el 27 de mayo, que el inicio del año ha mostrado un comportamiento comercial pausado, una tendencia que calificó como habitual para el rubro de juguetería y papelería.
“Estos primeros meses del año han sido muy lentos para el sector, pero es tradicional, sin embargo, seguimos trabajando con las autoridades, específicamente con el Comité de Comercio Exterior (Comex), en la revisión de algunos aranceles, sobre todo de artículos escolares y juguetes”, explicó la vocera, quien además ejerce funciones como directora del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).
La estrategia de la institución, que cumplió dos años de fundación tras separarse del antiguo esquema de fabricantes para enfocarse en la actividad comercial y de distribución, apuntó a coordinar acciones conjuntas con el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) y el Ministerio de Industrias y Comercio.
El objetivo central de esta alianza es la redacción de una nueva normativa técnica que unifique los criterios de fiscalización.
De acuerdo con la representante gremial, la existencia de ocho reglamentos técnicos dificulta los procesos de posicionamiento legal de los productos, como por ejemplo el procedimiento para la importación de juguetes.
El impacto del contrabando en el sector de juguetes
López resaltó que uno de los principales factores de distorsión económica en el sector es el ingreso de mercancías al margen de la ley a través de las terminales portuarias del país, una irregularidad que no proviene de los ejes fronterizos terrestres con Colombia o Brasil debido a las características de la manufactura internacional.
“Estimamos, más o menos, que un 40 % de la mercancía que está ingresando está sin nacionalizar y sin los permisos reglamentarios”, precisó la presidenta de Cavenju.
Destacó que esta situación genera riesgos directos para los consumidores debido a la falta de supervisión sobre los componentes químicos y materiales utilizados en los artículos infantiles.
Asimismo, la cámara trabaja de manera coordinada con el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi) para hacer frente a la proliferación de falsificaciones y piratería de marcas.
Como solución tecnológica, el sector proyecta la adopción de un sistema de identificación digital global basado en códigos QR para el año 2027, un mecanismo diseñado para que cualquier funcionario o usuario final pueda constatar la legalidad de los permisos sanitarios y comerciales del producto de forma automatizada.
Financiamiento e impuestos
La representante gremial también refirió que el régimen de sanciones financieras ha modificado los esquemas de pago con los proveedores de China, lo que obliga a los comerciantes formales a liquidar la totalidad de las órdenes de compra antes de que los contenedores sean embarcados.
Explicó que este proceso de pago anticipado genera un ciclo logístico extenso que afecta el flujo de caja de las empresas, ya que requiere que las importaciones se planifiquen con un mínimo de cuatro meses de anticipación.
Para solucionar este rezago, Cavenju plantea la necesidad de que el sector bancario restablezca los mecanismos de corresponsalía internacional para habilitar nuevamente la emisión de cartas de crédito para importadores formales, un instrumento financiero que opera como una fianza y que no se implementa con regularidad en el país desde hace dos décadas.
“Cuando tú tienes una carta de crédito y se la emite un banco, tiene un costo, un porcentaje, pero la entidad bancaria debe garantizar al proveedor que va a obtener su pago, si se cumplen con ciertos lineamientos que se establecen en la carta de crédito”, argumentó López.
Agregó que esta herramienta apoyaría la dinámica comercial e introduciría equilibrios entre las obligaciones de calidad del fabricante y los flujos de capital del comerciante.
Por otra parte, López señaló que la estructura de costos del empresariado formal se enfrenta a las presiones de la carga fiscal interna, debido a que la recaudación aplicada por los gobiernos locales constituye un factor negativo para las corporaciones debidamente registradas.
“La carga tributaria es muy elevada, sobre todo la municipal, en la que se nos marca por los ingresos brutos que eso no necesariamente es ganancia. Definitivamente aquí tenemos que hacer un trabajo en equipo donde se aumente la base tributaria y no se castigue a los empresarios serios que cumplimos y pagamos nuestros tributos”, concluyó la presidenta de Cavenju.
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