El Bloque de Asociaciones de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas tuteladas, que agrupa a 11 organizaciones gremiales, introdujo una correspondencia ante la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos para exigir respuestas ante la precariedad económica y la deficiencia en la atención médica que padecen miles de extrabajadores.
Por lapatilla.com
Miguel Espinoza, presidente de la Asociación de Jubilados de la CVG matriz y vocero del Bloque, informó que solicitaron formalmente una reunión con Ana Thais Mediomundo. El objetivo es aclarar la incidencia del reciente aumento del ingreso mínimo integral (anunciado el 30 de abril de 2026 en 240 dólares indexados) sobre las tablas salariales vigentes.
Espinoza enfatizó que amparados en una sentencia judicial del año 2005, los jubilados tienen el derecho de participar en las discusiones de sus cláusulas. Por ello, exigen ser incorporados en las mesas de diálogo que se instalarán próximamente entre las empresas básicas y los sindicatos.
Promesas incumplidas
El vocero denunció que pese a compromisos previos, la CVG sigue sin entregar los listines de pago mensuales, una obligación ratificada en la Mesa Nacional de Diálogo. Asimismo, alertó sobre una situación crítica con los reembolsos médicos: tienen más de tres meses sin cancelar los reembolsos por gastos de salud.
La corporación ha impuesto un límite de pago de apenas 100 dólares. “Si un jubilado gasta 600 dólares en una emergencia, la diferencia se pierde. Es una medida abusiva que debe ser reconsiderada”, sentenció Espinoza.
La denuncia también alcanzó el estado del Hospital de los Trabajadores. El Bloque reportó una alta tasa de fallecimientos y una grave escasez de especialistas. “Los médicos no quieren trabajar con la CVG y muchas especialidades no existen en el hospital. Los jubilados estamos cubriendo de nuestro bolsillo consultas privadas que luego no nos cancelan”, denunciaron.
Finalmente, el Bloque de Jubilados (que incluye a representantes de Bauxilum, Alcasa, Ferrominera, Cabelum y Carbonorca, entre otras) exhortó a las autoridades a recuperar progresivamente los beneficios suspendidos por el memorándum 2792 y garantizar una calidad de vida digna para quienes dedicaron décadas al desarrollo de Guayana.
La noticia no descansa y nosotros tampoco
