La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) denunció el lunes 1° de junio la exclusión de 130 mil trabajadores universitarios del bono de “Responsabilidad Profesional”.
“El gobierno nacional volvió a hacer el pago de forma caótica, arbitraria y excluyente, dejando al 75 % del personal docente sin cobro, lo mismo en forma total para empleados, obreros y profesionales”, dijo el presidente del APUCV, José Gregorio Afonso, en entrevista para el medio VPITV.
En el caso de la UCV, los docentes que se quedaron sin el pago del subsidio son unos 5.613, de acuerdo con el vocero. Sin embargo, el sector docente en todo el país alcanza más de 75 mil profesores sin bonificación.
“Además de esto, tenemos que sumarle los empleados y obreros. Hemos dicho que estamos por encima de las 130 mil personas afectadas por este tipo de pago discriminatorio y caótico”, agregó Afonso.
APUCV desmiente que el Ministerio de Educación Universitaria no tenga las nóminas
Esta es la segunda vez que la APUCV denuncia problemas con este subsidio para el personal universitario. Afonso cuestionó que las autoridades responsabilizaron por esta falla a las universidades.
“Vivimos permanentemente con comunicados del Ministerio de Educación Universitaria, el primero de ellos fue que las universidades no habían entregado nómina. Esto es absolutamente una falacia, todas las nóminas las tienen, sino no pagarán los pagos distintos a este bono de ‘Responsabilidad Profesional’”, aseguró.
Afonso denunció que en el segundo comunicado, publicado el 27 de mayo, en el que la cartera del Estado hace referencia a un proceso de censo entre docentes para gestionar los pagos de bonificaciones argumentó que solo recibió nóminas de 33 universidades, por lo que unas 38 quedarían por fuera.
“Una de esas universidades fue la de la nuestra (la UCV) y en general las de las universidades autónomas del país, por lo que se volvió a repetir lo mismo del pago del 30 de abril”, añadió.
Segunda exclusión del pago del bono de “Responsabilidad Profesional”
El 13 de mayo, el presidente del APUCV, José Gregorio Afonso, denunció que solo el 25 % de los docentes de esa casa de estudios recibió el bono de “Responsabilidad Profesional” recientemente implementado por el Ejecutivo nacional.
Durante una entrevista para Unión Radio, el vocero gremial señaló que la asignación del beneficio se ejecutó de manera discrecional, dejando fuera de la protección económica al personal jubilado, contratado y a la mitad de los profesores ordinarios.
La medida, que aseguró no fue consultada con los sectores laborales, ha profundizado el conflicto en las universidades autónomas ante la ausencia de un instructivo formal que defina los criterios de pago.
Un estudio técnico realizado por la asociación entre el 2 y el 4 de mayo confirmó que el alcance del beneficio es asimétrico, ya que los registros internos muestran que el 96 % de los profesores jubilados no recibió el pago, a pesar de que este sector representa el 63 % de la planta académica de la UCV y coordina la mayoría de los programas de postgrado. Asimismo, el personal contratado reportó un margen de exclusión del 94 %.
“Un bono excluye al 75 % de los profesores, lo que contraviene toda nuestra tradición laboral y todos nuestros ordenamientos contractuales que dicen que no hay diferencia entre personal contratado, jubilado y activo, pero además excluyó a empleados, a obreros y a profesionales”, afirmó Afonso en la entrevista el 12 de mayo.
El Ministerio de Educación Universitaria habilitó un censo
Ante las denuncias de exclusiones en el pago de las bonificaciones del personal docente, el Ministerio de Educación Universitaria habilitó el 20 de mayo un censo con el objetivo de gestionar los casos de retrasos e impagos.
El personal universitario puede acceder al formulario a través de un enlace dispuesto en los canales oficiales del ministerio. Desde allí podrá realizar una solicitud individual para el pago del bono correspondiente, de acuerdo con el escalafón y los méritos académicos.
El formulario solicita datos como nombre, número de cédula y la institución en la que la persona trabaja o de la cual se jubiló.
Asimismo, se debe indicar el escalafón, el tiempo de dedicación a la actividad docente y si el trabajador está activo, jubilado o contratado.
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