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miércoles 4 de febrero 2026
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Amnistía Internacional pidió protección urgente para activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche tras atentado

Amnistía Internacional (AI) emitió una “acción urgente” para exigir a las autoridades colombianas medidas de protección integrales, estables e inmediatas para los defensores de derechos humanos venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, sobrevivientes de un atentado armado ocurrido en Bogotá el 13 de octubre de 2025.

La organización advierte que, a más de tres meses del ataque, ambos activistas continúan bajo esquemas de seguridad temporales y limitados, lo que representa un riesgo inminente para sus vidas. En ese sentido, señaló como principal obstáculo para garantizar medidas permanentes la «lentitud administrativa» de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Un atentado que sigue sin respuesta definitiva

Velásquez y Peche recibieron múltiples impactos de bala y requirieron atención médica de urgencia tras el ataque. Desde entonces, no se ha concluido la evaluación de riesgo que permitiría asignar un esquema de protección estable y adecuado a su situación.

Según Amnistía Internacional, las medidas temporales actualmente vigentes pueden ser retiradas en cualquier momento, lo que dejaría a los defensores en un escenario de extrema vulnerabilidad. La organización subraya que la protección debe ser individualizada y concertada directamente con los afectados, de acuerdo con los estándares internacionales.

Quiénes son Yendri Velásquez y Luis Peche

Yendri Velásquez forma parte del equipo de Amnistía Internacional y salió de Venezuela luego de denunciar graves violaciones a sus derechos humanos. Esto tras ser detenido en agosto de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se dirigía a Ginebra para asistir a una reunión de Naciones Unidas.

Al ingresar a Colombia, solicitó protección internacional, pero su estatus sigue condicionado por retrasos en los procedimientos de asilo, según detalla Amnistía Internacional.

Por su parte, Luis Peche, de doble nacionalidad venezolana y colombiana, ha sido amenazado por su activismo político y por denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela. Ambos casos, señala la organización, requieren un enfoque diferenciado por su condición de defensores en el exilio.

Llamado directo a la Unidad Nacional de Protección

En la Acción Urgente, Amnistía Internacional insta al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, a:

  • Finalizar de inmediato la evaluación de riesgo de Velásquez y Peche.
  • Implementar medidas de protección integrales, estables e individualizadas, acordadas con los defensores.
  • Garantizar un entorno seguro que les permita continuar su labor sin temor a represalias, reconociendo su condición de exiliados venezolanos.

“La demora administrativa incrementa el peligro y contradice los compromisos de protección asumidos por el Estado colombiano”, advierte la organización.

El riesgo no termina al cruzar la frontera

El caso se inscribe en un contexto regional de alto riesgo para defensores venezolanos en el exilio. La crisis de derechos humanos en Venezuela ha forzado la salida de más del 25 % de su población, y Colombia se ha convertido en el principal país de acogida, con casi 2,9 millones de venezolanos.

No obstante, Amnistía Internacional alerta sobre barreras críticas que enfrentan quienes buscan protección:

  • Retrasos severos en el sistema de asilo, que prolongan la indefinición legal.
  • Inseguridad persistente, evidenciada por el atentado del 13 de octubre en Bogotá.
  • Obstáculos administrativos derivados de la falta de estatus migratorio regular, que limitan el acceso a salud, vivienda y empleo, aumentando la exposición al peligro.

Movilización internacional en curso

Amnistía Internacional informó que mantendrá activa la movilización global de su red de activistas hasta el 30 de abril de 2026 o hasta que se garantice plenamente la seguridad de Yendri Velásquez y Luis Peche.

La organización insiste en que la protección efectiva de defensores de derechos humanos es una obligación estatal y un componente esencial para preservar el espacio cívico, especialmente cuando se trata de personas forzadas al exilio por denunciar abusos y violaciones sistemáticas.

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