La Alianza por la Libertad de Expresión presentó un “Decálogo de Acción Inmediata para Restituir la Libre Expresión y Comunicación 2026”, en el que plantea una serie de medidas urgentes dirigidas al Estado venezolano con el objetivo de recuperar garantías fundamentales en materia de información, prensa y opinión.
En el documento, difundido el 25 de abril en las redes sociales, sostiene que la reconstrucción democrática del país pasa necesariamente por restablecer condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión.
En ese sentido, subraya que es indispensable avanzar en el desbloqueo de medios digitales, la restitución de concesiones, la liberación de personas detenidas por expresarse y el cese de prácticas de vigilancia e intimidación.
La coalición, conformada por organizaciones civiles y gremiales, académicas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, advierte que el acceso a información libre y plural permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y fortalece procesos democráticos legítimos.
Por ello, considera que las acciones propuestas deben ejecutarse de forma inmediata y simultánea como punto de partida para una reestructuración institucional más amplia.
Las medidas planteadas
Entre las principales medidas planteadas destaca el cese de la persecución judicial contra periodistas, activistas y ciudadanos, lo que incluye la liberación inmediata de personas encarceladas por ejercer su derecho a expresarse y el sobreseimiento de causas consideradas arbitrarias.
Asimismo, el decálogo exige detener los ataques discursivos, amenazas y actos de intimidación contra la prensa, así como eliminar prácticas discriminatorias como listas o estigmatización desde instancias oficiales.
Otro de los puntos clave es el levantamiento del bloqueo a páginas web, portales informativos, redes sociales como X y servicios de VPN que, según el documento, han sido restringidos de manera arbitraria por operadoras como la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y empresas privadas del sector telecomunicaciones.
La propuesta también incluye la derogación de normativas consideradas restrictivas, entre ellas disposiciones del Código Penal vinculadas al desacato, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra el Odio y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Por otro lado, el documento plantea reformar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para garantizar su independencia y transparencia, así como devolver equipos, sedes y concesiones retiradas a medios de comunicación.
El decálogo también aboga por garantizar la entrega de documentos de identidad a periodistas, permitir el acceso pleno a fuentes oficiales de información y poner fin a la vigilancia de comunicaciones, incluyendo la revisión ilegal de dispositivos electrónicos.
75 violaciones a la libertad de expresión en lo que va de 2026
El 14 de abril, la organización no gubernamental (ONG) Espacio Público reportó 75 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Los hechos habrían ocurrido entre enero y marzo de este año.
La ONG precisó que en marzo documentó siete casos, entre ellos la muerte de dos periodistas.
“Las principales víctimas de violaciones al derecho a expresarse fueron periodistas, medios de comunicación y la ciudadanía”, señaló la ONG en una nota de prensa publicada en su web.
Asimismo, indicó que entre los victimarios figuran instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios públicos, sin precisar detalles.
En contraste, Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y es considerado, junto a Nicaragua, un país “sin libertad de expresión”.
El país obtuvo 7,02 puntos de 100 posibles, tras un contexto marcado por más de 2.000 detenciones en 2024, de acuerdo con el informe.
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