La captura y extracción quirúrgica de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026 y la instauración de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez han sido leídas -con una condicionada razón- como el inicio de una “transición” singular. A estas alturas, el imaginario criollo aprecia la fecha ya como una efeméride más del caótico calendario de calamidades que nos azotan desde hace cierto tiempo, mientras que el término “transición” no termina en ser digerido por la totalidad de la población. En especial por los presos políticos y sus familiares.
La nuestra, qué duda cabe es una transición peculiar. Ocurre bajo supervisión externa, reordenando el tablero interno alrededor del petróleo y de la seguridad, más que de un nuevo pacto republicano. En este punto, el concepto de irresponsabilidad política de las élites resulta especialmente útil para entender por qué la llamada República Civil venezolana, ha cedido terreno hasta asemejarse a un protectorado petrolero, más no, a una atribulada sociedad que emerge desde laa condición de un régimen neo totalitario, hasta la de una sociedad pretendidamente democrática.
El concepto de irresponsabilidad política de las élites ayuda a leer el momento venezolano como el desenlace de una larga cadena de decisiones en las que los grupos dirigentes priorizaron su supervivencia y renta particular sobre la preservación de la República civil y de su autonomía estratégica. No se trata solo del autoritarismo Madurista, sino de una convergencia de élites –chavistas, económicas y parte de “la dirigencia opositora”– que ha permitido que, tras la captura de Maduro, la forma institucional sea la de un gobierno interino, pero el fondo se parezca cada vez más a un protectorado petrolero tutelado desde Washington.
Hablar de “irresponsabilidad política de las élites” no es repetir el lugar común de la corrupción. Remite a algo más estructural, a la decisión sistemática de gobernar sin hacerse cargo de las consecuencias históricas de los propios actos, externalizando siempre el costo sobre otros. Visto así el problema, una élite es políticamente irresponsable cuando trata al Estado como botín y no como arquitectura de garantías; subordina la decisión pública a la búsqueda de renta de corto plazo; o traslada hacia terceros, ciudadanía, futuras generaciones, potencias externas el precio de sus errores.
Un régimen que había colonizado Estado, partidos, justicia y Fuerza Armada agotó su propia base de sustentación al convertir la política, en administración de renta y represión, sin un proyecto de país. Al destruir los contrapesos de la República Civil y amarrar la economía casi exclusivamente al petróleo, dejó a la sociedad indefensa y al Estado hiperdependiente de los actores externos. El colapso institucional, la ruina económica y la fractura social hicieron imposible una salida autónoma, abriendo paso a una intervención que depuso a Maduro y reordenó el poder alrededor de licencias, sanciones y control financiero ejercido desde Washington. Así, el régimen preservó parte de sus élites, pero al precio de sacrificar la soberanía efectiva. La Quinta República fue reemplazada por un esquema donde “un gobierno interino” administra, y la potencia tutelar decide.
En Venezuela, ese patrón se manifiesta en dos planos conectados. Por un lado, en la destrucción paciente de los soportes de la República Civil: Partidos políticos convertidos en cascarones, Congreso o Asamblea vaciados o colonizados, una justicia sometida, la Fuerza Armada convertida en actor corporativo y no en una institución sometida a mando civil. Por otro, en el uso del petróleo como herramienta de poder sin proyecto de país. La renta financia lealtades, clientelas y redes de negocios, pero no consolida instituciones ni diversifica la economía. Ocho de cada diez venezolanos sobreviven en los límites de la pobreza crítica.
La involución de la República civil venezolana puede leerse como un hilo continuo que arranca en el propio éxito del pacto de 1958 y su desgaste progresivo. El sistema derivado del Pacto de PuntoFijo, que había garantizado alternancia y estabilidad, fue acumulando déficits de representación, corrupción y cierre del sistema que estallaron en 1989 con el Caracazo y las rebeliones militares de 1992. La respuesta de las élites fue defensiva y de corto plazo, sin una reforma profunda del modelo, abriendo espacio al liderazgo de Chávez en 1998 como promesa de refundación frente a una República percibida como agotada.
La “revolución bolivariana” avanzó entonces de la corrección a la demolición. Concentración de poder, colonización partidista de instituciones, uso discrecional de la renta petrolera y creciente militarización del Estado. Con Maduro, esa lógica se radicalizó en crisis económica, colapso de servicios, hiperinflación y un patrón documentado de violaciones masivas de derechos humanos que vació de contenido la arquitectura republicana.
La investigación de la CPI y el aislamiento internacional terminaron de cercar a un régimen que ya solo se sostenía por control coercitivo y alianzas opacas con actores externos. En ese contexto de Estado exhausto y sociedad empobrecida, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en 2026 y la instalación del gobierno interino de Delcy Rodríguez sellan la transición de un Estado rentista autoritario a un esquema de protectorado petrolero, donde la última instancia de decisión sobre seguridad y renta ya no reside en la República, sino en la potencia tutelar.
Esta irresponsabilidad no es monopolio de una sola familia política. El chavismo-madurismo la llevó a su extremo, pero buena parte de la élite económica y sectores de la dirigencia opositora convivieron con la lógica de la renta, apostando a arreglos particulares, a atajos internacionales o a la simple supervivencia en el sistema, antes que a la reconstrucción disciplinada de una República de ciudadanos.
Una parte relevante del empresariado se adaptó al régimen y a la lógica de captura de renta, participando en la formación de una “nueva burguesía” ligada a contratos con el Estado y al arbitraje cambiario, más interesada en preservar privilegios que en construir un capitalismo competitivo bajo reglas previsibles. Esa misma élite puede hoy beneficiarse del protectorado mediante el acceso a contratos, divisas y oportunidades ligadas a la apertura petrolera, sin asumir responsabilidades estructurales sobre la reconstrucción institucional.
Al agotar las capacidades de la República civil mediante corrupción sistémica, destrucción de controles, endeudamiento opaco y entrega anticipada de activos energéticos y financieros a socios externos como Rusia, China, grupos empresariales locales, el madurismo colocó al país en posición débil frente a cualquier tutelaje posterior. La reforma petrolera de 2026, impulsada desde el entorno chavista reacomodado, consolida un esquema donde la supervivencia de la élite se compra a costa de soberanía fiscal y energética.
Llamamos República Civil al ciclo en el que, pese a sus enormes desigualdades y déficits, la política venezolana se estructuraba en torno a los partidos que median entre sociedad y Estado; conflictos procesados, en última instancia, por instituciones nacionales. Primaban la alternancia y la negociación concertada dentro de una élite que, al menos en el plano formal, reconocía la primacía de lo civil frente a lo militar.
Ese edificio venía resquebrajándose antes de Chávez, pero fue el proyecto bolivariano el que hizo de su demolición un objetivo explícito. La promesa de refundación -constituyente, nuevo orden, democracia directa, “poder popular”- fue la coartada para consolidar un poder personalista, militarizado y crecientemente opaco. A medida que se profundizaba el autoritarismo, la República Civil se vaciaba de contenido. Se mantuvieron formas con frecuentes elecciones, tribunales acotados, leyes de marcada opacidad, mientras se destruía su sustancia.
En ese proceso, las élites políticas, económicas y militares dejaron de pensar en términos de “República” y pasaron a pensar en términos de régimen, de sobrevivencia y de acceso a recursos. La pregunta dejó de ser “qué Estado queremos” y pasó a ser “qué posición ocupamos en esta maquinaria”. La irresponsabilidad política se hizo estructura.
La operación que culmina con la captura de Nicolás Maduro fuera del marco de instituciones nacionales marca un punto de no retorno simbólico. No fue el Parlamento, ni un tribunal, ni una movilización sostenida de la sociedad la que resolvió la crisis de la jefatura del Estado. Fue la fuerza de una potencia extranjera. El desenlace, presentado como liberación, evidencia al mismo tiempo la incapacidad de las élites internas para producir una solución republicana propia.
Desde entonces, la arquitectura de poder se reorganiza alrededor de tres vectores. Un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, heredera directa de la cúpula anterior, ahora cosméticamente reconfigurada. Una presencia estadounidense que deja de ser solo sancionadora y se vuelve tutelar en los ámbitos de la diplomacia, seguridad, flujos financieros, contratos energéticos, más una oposición que, habiendo ganado legitimidad electoral en 2024, ve su rol parcialmente desplazado por acuerdos y diseños en los que el factor externo pesa tanto como, o más que, la representación interna.
La “transición” no se funda en una ruptura pactada entre fuerzas nacionales, sino en una correlación donde la última instancia de garantía no es la Constitución, sino el marco de licencias, sanciones y compromisos suscritos con Washington. Esto no sería posible sin décadas de irresponsabilidad de las élites, que fueron desmontando los recursos propios de la República hasta hacer “inevitable” la tutela. Ante el descomunal desastre, no quedaba otra opción.
Venezuela ha sido, desde mediados del siglo XX, un Estado rentista, su estructura institucional y su economía se construyeron alrededor del petróleo. La novedad del momento actual no es la dependencia del crudo, sino el grado de cesión de control efectivo sobre la renta y sobre las reglas del juego que la gobiernan. En un Estado rentista clásico, el gobierno reparte la renta a cambio de lealtad y de paz relativa; la soberanía formal y la capacidad de decisión última siguen ubicadas en el territorio nacional, aun cuando se firmen contratos con multinacionales.
En un protectorado petrolero, la situación se desplaza, toda vez que la propiedad nominal de los recursos sigue siendo venezolana, pero las condiciones de extracción, los flujos de divisas, los esquemas de pago de deuda y las garantías para inversionistas se diseñan, supervisan, y llegado el caso, se corrigen fuera del país. El gobierno local actúa como administrador de un margen de discrecionalidad acotado, condicionado al cumplimiento de parámetros externos, cierta estabilidad, contención de conflictos, mínimos de derechos humanos, y el alineamiento geopolítico.
En el esquema emergente tras la salida de Maduro, los elementos típicos de un protectorado petrolero se hacen visibles. Hay un control externo de cuentas y flujos petroleros. Las licencias son actos renovables que otorgan o retiran oxígeno económico a la elite, reglas contractuales redactadas bajo la lógica de “seguridad energética” de una potencia, no del país. Priva la tutela diplomática que define quién es “interlocutor válido” y bajo qué condiciones.
La irresponsabilidad de las élites locales se expresa aquí como renuncia práctica a reconstruir la capacidad propia de gobernar el petróleo. Antes se usó la renta para sostener un régimen sin controles; ahora se acepta un andamiaje que asegura la continuidad de esa renta a cambio de ceder el timón estratégico. El grupo que rodea a Delcy Rodríguez encarna la gran paradoja, al emerger del aparato que vació la República Civil, pero que se presenta como el gestor de una transición necesaria. Su sobrevivencia pasa por aceptar la nueva tutela petrolera y de seguridad, a cambio de conservar poder interno, impunidad relativa y acceso privilegiado a oportunidades de negocios.
En términos de responsabilidad histórica, esto implica aceptar que el petróleo se gestione bajo parámetros fijados afuera, con el argumento de que así se “salva” al país del colapso. Postergar una discusión seria sobre justicia transicional y responsabilidades por la devastación institucional; reducir la idea de transición a un paquete técnico de reformas, elecciones futuras y reactivación económica, sin un balance crítico del ciclo previo. Aquí no ha pasado nada, el show debe continuar.
Una parte considerable del empresariado se adaptó al régimen, capitalizando arbitrajes, importaciones, contratos y espacios de “normalidad” en medio del colapso. El nuevo escenario les ofrece continuidad, ahora con reglas más previsibles y con el respaldo de potencias, pero sin exigirles participar en una refundación republicana. Su irresponsabilidad radica en aceptar el protectorado como precio razonable por la estabilidad y la apertura de negocios, sin plantearse un compromiso explícito con temas fundamentales como los que se enuncian en un documento aun por suscribirse, pero de entera urgencia. Se debe estimar, en ese acuerdo, la reconstrucción de instituciones que limiten el poder del Ejecutivo, la transparencia en el uso de la renta, la protección de derechos humanos y la reducción de las brechas que el modelo rentista ha ampliado.
La oposición que conquistó legitimidad electoral llegó a este momento con fracturas, cansancio social y poca capacidad de imponer una agenda propia frente a la potencia que intervino. Parte de sus dirigentes confiaron en que la presión externa resolvería lo que la fuerza cívica interna no podía. El resultado es una transición en la que el mandato popular compite en desventaja con el diseño geopolítico. La discusión sobre la arquitectura de poder se desplaza a mesas y capitales externas, mientras la oposición se ve dividida entre quienes se integran al nuevo esquema y quienes lo cuestionan en nombre de la soberanía y del voto.
La irresponsabilidad aquí es doble: Hacia atrás, por haber subestimado la necesidad de construir músculo institucional propio. Hacia adelante, si acepta un papel subordinado en un arreglo que consolide la tutela sin un horizonte claro de recuperación republicana. Desde la perspectiva de la ciudadanía, el momento actual combina elementos de alivio y de desposesión.
Alivio, porque se percibe una reducción relativa del miedo asociado al viejo aparato represivo. La reactivación petrolera promete cierta mejora de servicios, empleo y consumo, mientras el fin del ciclo Madurista parece cerrar una etapa de degradación continua. Desposesión, porque la salida de la crisis no fue decidida por la sociedad, sino ejecutada desde fuera. Las grandes decisiones se toman en mesas donde la voz de los ciudadanos organiza poco y legitima mucho. La memoria de la República Civil se diluye en un relato donde el único horizonte posible es “estabilidad más renta petrolera”. En esta sensación ambivalente se condensa el costo de la irresponsabilidad de las élites: la ciudadanía ya no se percibe como sujeto soberano de una República, sino como población administrada en un territorio de alto valor energético y alto riesgo migratorio. La pregunta de fondo es si el tránsito a un protectorado petrolero es un callejón sin salida o una fase transitoria que podría conducirse hacia una reconstrucción republicana.
No hay respuesta garantizada, pero sí condiciones mínimas para pensar un retorno donde los actores internos –sociales, políticos, empresariales– asuman la responsabilidad de colocar en el centro no solo la “normalización económica”, sino la recuperación de capacidades propias de decisión sobre recursos y reglas. Que el liderazgo emergente deje de entender la política como administración de tutelas y vuelva a concebirla como construcción de instituciones y de ciudadanía. Algo fundamental que la discusión sobre petróleo, sanciones, licencias y contratos se conecte con una agenda explícita de República: Controles, transparencia, distribución equitativa y diversificación.
Esa crónica irresponsabilidad, nos llevó a la reconfiguración del Estado como aparato gestor de recursos bajo tutela. El Estado conserva símbolos de soberanía y funcionarios nacionales, pero pierde control efectivo sobre su principal fuente de poder material. El gobierno interino administra un margen de política interna dentro de parámetros definidos por el régimen de sanciones, licencias y controles financieros externos. En ese marco, la irresponsabilidad política de las élites consiste en haber conducido a Venezuela a un punto en el que la defensa de la República civil –entendida como autogobierno ciudadano bajo instituciones propias– se sacrifica en nombre de la estabilización inmediata, la reactivación petrolera y la supervivencia de los grupos dirigentes.
La irresponsabilidad de las élites llevó a Venezuela desde una República Civil erosionada hasta un protectorado petrolero de facto. La cuestión abierta es si surgirá, desde dentro de esa misma sociedad, una nueva élite –o una combinación distinta de actores– capaz de asumir el costo político de revertir esa lógica. Construir poder sin tutelas, administrar petróleo sin entregarlo, y devolver a los ciudadanos el lugar de fuente última de la soberanía que hoy ocupan, en la práctica, otros.
Alfredo Alvarez
