El régimen venezolano ha liberado a cientos de presos políticos desde que Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro y obligó a sus sucesores a alinearse con Washington. Sin embargo, un grupo permanece encarcelado: los oficiales militares acusados de rebelión.
Por Juan Forero y Kejal Vyas | The Wall Street Journal
Según Foro Penal, una organización que brinda asesoría legal gratuita a presos políticos, unos 187 exmilitares, muchos de ellos oficiales de alto rango, siguen tras las rejas a pesar de la muy publicitada amnistía para presos que el gobierno aprobó bajo presión estadounidense.
Analistas políticos señalaron que los oficiales militares liberados representarían una amenaza para Delcy Rodríguez, respaldada por Washington tras la operación del 3 de enero de que derrocó a Maduro. Muchos de los oficiales encarcelados son considerados dentro de las filas como figuras disciplinadas y profesionales que podrían no solo reconstruir un ejército, sino también movilizar la disidencia contra el régimen.
«Por ahora, no van a salir», afirmó Carlos David Guillén, expreso político y ex militar que ha informado a funcionarios estadounidenses sobre los oficiales encarcelados en Venezuela.
«Representan la columna vertebral moral de las fuerzas armadas. Podrían desempeñar un papel protagónico en ellas. Eso es algo que el gobierno no puede permitir», agregó.
Según funcionarios del Departamento de Estado y de las Naciones Unidas (ONU), oficiales militares acusados de disidencia han sufrido torturas, largos periodos de aislamiento y negación de atención médica en cárceles venezolanas.
Tomemos el caso de Igbert Marín Chaparro, quien en 1999 se graduó con honores de la academia militar venezolana. Hoy es uno de los presos más prominentes del país: un oficial del ejército cuya posición dentro de las filas lo convierte en una amenaza demasiado grande como para ser liberado. Arrestado en 2018 y acusado de conspirar contra el Estado, el ex teniente coronel ha soportado años de tortura y aislamiento en prisión.
Un informe de derechos humanos del Departamento de Estado indica que los interrogadores lo asfixiaron con bolsas de plástico, le rociaron con gas lacrimógeno y le fracturaron las costillas en una paliza. Su hermana, Ignell Marín, afirmó que se le ha negado atención médica y que lo mantienen en una celda de 2,7 x 1,8 metros compartida con otro recluso, obligándolo a hacer sus necesidades en un agujero en el centro de la celda. Estas condiciones persisten año tras año, sin que se vislumbre un final, ni para él ni para decenas de otros presos militares.
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