La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado venezolano encargada de la protección de los derechos y garantías constitucionales. Su actuación forma parte del Poder Ciudadano y está orientada a supervisar la actuación de los organismos públicos en su relación con los ciudadanos.
El abogado constitucionalista Joel García explicó para El Diario que esta figura tiene su fundamento en el artículo 280 de la Constitución venezolana y en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. García precisó que su misión se centra en la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos, así como en el seguimiento del funcionamiento de las instituciones del Estado.
El especialista señaló que su diseño institucional no contempla funciones judiciales ni de persecución penal, sino un rol de garantía, supervisión y mediación frente a posibles actuaciones irregulares de la administración pública contra los ciudadanos.
Su rol como garante de la administración pública y contrapeso institucional
García sostuvo que la actuación del defensor del Pueblo, cargo que fue asignado de forma provisional a Tarek William Saab, se orienta a la supervisión del poder público y a la protección de los derechos ciudadanos.
“El defensor del pueblo actúa como un magistrado garante de la buena administración y contrapeso contra posibles desbordamientos nacionales, estadales y municipales”, indicó.
El especialista afirmó que esta caracterización ubica a la Defensoría del Pueblo dentro de un rol preventivo y de control, más que sancionatorio. A juicio de García, la función está vinculada a evitar abusos de poder y a intervenir cuando existen desviaciones en la actuación de las instituciones, independientemente del nivel de gobierno en el que se produzcan.
En ese sentido, el abogado agregó que su papel no es sustituir a los órganos de justicia, sino observar, advertir y actuar cuando se detectan irregularidades que puedan afectar derechos o garantías constitucionales.
García también destacó que se trata de una figura funcional, no jerárquica. Esto implica que no impone decisiones sobre otros órganos del Estado, pero sí ejerce influencia a través de sus actuaciones, informes y pronunciamientos, que tienen un peso institucional y público dentro del sistema.
Su capacidad de actuación más allá de la recepción de denuncias
García considera que una de las principales ideas que debe aclararse sobre la Defensoría del Pueblo es que su función no se limita a recibir denuncias de los ciudadanos, sino que tiene la capacidad de activar mecanismos institucionales frente a posibles vulneraciones de derechos.
“No es solo la recepción de denuncias, sino que puede activar los mecanismos de investigación administrativos con violaciones de derechos humanos, acciones de amparos, habeas corpus, habeas data a favor de víctimas”, señaló.
Dicha facultad le permite intervenir de manera activa en distintos escenarios, especialmente cuando se identifican irregularidades en la actuación de organismos públicos. García aseveró que las acciones no solo buscan atender casos concretos, sino también generar correctivos dentro de la administración.
Además, la Defensoría del Pueblo cumple un rol de mediación entre los ciudadanos y el Estado. En contextos donde existen fallas en la respuesta institucional, el experto resaltó que la figura puede canalizar reclamos, hacer seguimiento a los casos y presionar para que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales.
“Es la voz de quienes han sido silenciados por la burocracia como también de mediación y emite recordatorios y recomendaciones sobre los deberes legales de las instituciones”, dijo García.
Este enfoque amplía su papel más allá de una instancia receptora y la posiciona como un actor que puede incidir en la protección efectiva de derechos, tanto a través de acciones legales como de mecanismos administrativos.
El alcance de su acceso a información y centros de detención
El acceso a la información es una de las herramientas clave con las que cuenta la Defensoría del Pueblo para ejercer sus funciones de supervisión. De acuerdo con García, esto le permite verificar directamente la actuación de las instituciones del Estado.
“El defensor del pueblo tiene acceso irrestricto a todos los expedientes y centros de detención, salvo los casos que tienen reservas legales por un determinado tiempo. El resto si no existen estas reservas el defensor del pueblo tiene acceso a todas estas causas”, indicó.
El abogado refirió que este nivel de acceso resulta especialmente relevante en contextos donde pueden producirse vulneraciones de derechos humanos, ya que le permite a la institución constatar condiciones, revisar actuaciones administrativas y hacer seguimiento a casos concretos.
García también acotó que la capacidad incluye la posibilidad de ingresar a centros de detención, lo que amplía su margen de supervisión sobre organismos de seguridad y justicia.
En la práctica, en la opinión del especialista, la atribución funciona como un mecanismo de control institucional que facilita la detección de irregularidades y la emisión de recomendaciones o acciones orientadas a corregirlas, en línea con su rol de garante de derechos.
Diferencias con el fiscal general y su enfoque en la protección de derechos
Joel García expresó que aunque la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público forman parte del sistema de protección de derechos, sus roles son claramente distintos.
“Procesalmente hay una diferencia sobre su rol si se compara con un fiscal general. El fiscal es el titular de la acción penal y es quien ejerce la persecución de los delitos. El defensor del pueblo, sin embargo, no persigue delitos sino que protege al ciudadano al buscar la restitución de ese derecho vulnerado y la prevención de futuras violaciones”, explicó García.
La distinción implica que la Defensoría del Pueblo actúa como un escudo del ciudadano frente a posibles abusos del poder, centrando su labor en la restitución de derechos y en la supervisión del cumplimiento de la ley por parte de las instituciones.
De esta forma, García reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un papel que abarca distintos niveles de actuación. Esta capacidad polifacética le permite incidir en procesos legales, supervisar la administración pública y garantizar el cumplimiento de derechos ciudadanos.
“El defensor del pueblo tiene una intervención polifacética, ya que judicialmente puede actuar como un tercer interesado al interponer recursos de nulidad o acciones de inconstitucionalidad y administrativamente intervenir para agilizar procedimientos, denuncias, y exigir el cumplimiento de los principios de eficacia y transparencia. Es en esencia un guardián del debido proceso”, concluyó García.
Los cuestionamientos sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo en Venezuela
Joel García, abogado constitucionalista, opinó que, en la actualidad, la Defensoría del Pueblo perdió su autonomía e independencia frente al poder político. Según el especialista, la institución ha pasado de ser un contrapeso al Poder Público a funcionar, en la práctica, como una oficina administrativa al servicio de los intereses del Ejecutivo, manteniendo silencio frente a denuncias sistemáticas de violaciones de derechos humanos, lo que ha generado una percepción de pérdida de confianza ciudadana en su rol como garante y mediador.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) como Provea y Acceso a la Justicia han publicado informes en los que advierten sobre la falta de independencia, la escasa transparencia y la limitada capacidad de respuesta de la institución frente a violaciones de DD HH. En varios de estos análisis se señala que la Defensoría no ha ejercido plenamente su rol de frente al Estado.
A esto se suma que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), organismo que evalúa a este tipo de entidades según los Principios de París, ha mantenido observaciones sobre la situación de la institución venezolana. En 2025, su Subcomité de Acreditación decidió iniciar una revisión especial del estatus de la Defensoría del Pueblo tras recibir denuncias de organizaciones civiles sobre presuntas fallas de independencia, falta de informes públicos y ausencia de actuación en temas vinculados con grupos vulnerables.
En ese contexto, especialistas y organizaciones sostienen que, más allá de las atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley, uno de los principales debates en torno a la Defensoría del Pueblo en Venezuela gira en torno a qué tanto ha podido —o querido— ejercer realmente esas funciones frente a las denuncias ciudadanas y los abusos de poder.
La entrada #TeExplicamos | ¿Qué hace el defensor del Pueblo en Venezuela y cuáles son sus funciones? se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
