Una resolución firmada por uno de los hombres de confianza de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, se convirtió en una papa caliente que tiene encendidas las alarmas en la entidad por el riesgo de impunidad en el que quedarían sonados expedientes de relevancia nacional. En diálogo con SEMANA, los propios funcionarios advirtieron que, con la excusa de llevar la Fiscalía a las regiones, se pretende “engavetar” los procesos de mayor complejidad que enredan precisamente a funcionarios de primer nivel del presidente colombiano Gustavo Petro.
El problema radica en la Resolución 0101, firmada por el delegado contra la criminalidad organizada, Raúl Humberto González, el pasado 13 de junio. Esa delegada reúne a direcciones como narcotráfico, derechos humanos, justicia transicional, investigación, cibercriminalidad, recursos naturales y la Dirección contra la Corrupción, donde reposan los procesos contra los alfiles del Gobierno Petro.
Allí están, por ejemplo, las investigaciones contra Laura Sarabia (próxima embajadora en el Reino Unido); el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y los oficiales enredados en el escándalo de las chuzadas y los polígrafos irregulares y arbitrarios contra la niñera Marelbys Meza. Se trata de expedientes escandalosos que han ocupado titulares de prensa durante los últimos tres años.
Sin embargo, estas investigaciones sensibles, lejos de ser priorizadas, serán nuevamente repartidas. Algunas de ellas estaban cerca de decisiones de fondo y, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, podrían quedar “sepultadas en prescripciones y vencimientos de términos”.
Recientemente, a los fiscales les llegó un correo bajo el asunto ‘Alistamiento de carpetas por reorganización y redistribución de carga’. Allí se advierte que, en virtud de la Resolución 0101, en los próximos días se hará la redistribución de los procesos en cada despacho. Por eso les pidieron a los fiscales alistar las respectivas carpetas de sus expedientes con todos los elementos de prueba.
Un correo enviado a los fiscales, conocido en exclusiva por SEMANA, habla de “dar cumplimiento al Direccionamiento Estratégico 2024-2028 ‘Experiencia e Innovación’ al servicio de la justicia”. Y, al citar la polémica resolución, pone de presente el “proceso de reorganización que cursa en la Dirección Especializada contra la Corrupción”, por lo que “se prevé que en los próximos días se realice de manera automática y aleatoria la redistribución de la carga asignada a su despacho”, en referencia a cada investigador.
En ese inventario están asuntos en los que el país exige una respuesta eficaz de la Justicia y condenas ejemplarizantes. Por ejemplo, las investigaciones que nacieron con el escándalo de Diego Marín, alias Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando de Colombia, y las irregularidades en la campaña presidencial de Petro, que enredan al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Este último caso, según las fuentes de la Fiscalía, puede terminar engavetado mientras el nuevo fiscal, en caso de ser relevado, entiende el proceso, lo estudia a fondo, verifica las pruebas e inicia en firme sus actuaciones. Todo esto ocurre, además, cuando falta menos de un año para el fin del Gobierno de Gustavo Petro.
En el expediente contra Papá Pitufo, revelado por SEMANA, se indican los vínculos que tendría Marín con funcionarios de la Dian, investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera e integrantes de la campaña presidencial que llevó a Petro al poder en las elecciones de 2022.
Colombia ya pidió en extradición a alias Papá Pitufo, quien permanece en Portugal, y dicho trámite fue aprobado, pero aún falta un largo camino para que eso se concrete. En Colombia, la fiscal del caso fue cambiada y, después de resolver algunas nulidades, está pendiente la acusación formal con el fin de lograr una condena contra el señalado contrabandista. Sin embargo, con la nueva movida que alista la Fiscalía, habría un nuevo revés.
Otros casos que quedarían en el limbo son las polémicas interceptaciones y las pruebas de polígrafo ilegales contra Marelbys Meza, denunciadas por SEMANA, luego del robo de una maleta con dinero y documentos reservados de Laura Sarabia en 2023, época en que se desempeñaba como jefa de gabinete de Petro.
Marelbys Meza fue señalada, perseguida, sometida e interceptada ilegalmente por orden de la Presidencia, según confesaron los policías condenados por este escándalo.
La Fiscalía ya logró probar que a Marelbys Meza, por esa orden presidencial, la convirtieron falsamente en una cabecilla del Clan del Golfo para poder incluirla en unos informes judiciales y así interceptar sus comunicaciones. Policías de la Sijín en Bogotá involucrados en esta trama aceptaron su responsabilidad, fueron condenados y le contaron a la Fiscalía cómo altos mandos ordenaron que, de cualquier forma, se tenía que dar con el paradero de la maleta hurtada a Sarabia. Otros policías están pendientes de un juicio y recientemente se conocieron nuevas imputaciones.
En el caso de Marelbys Meza, además, están las pruebas ilegales de poligrafía. En este proceso están sindicados la excanciller Laura Sarabia y el coronel Carlos Feria, ex jefe de seguridad del presidente Petro, quien fue expulsado de Estados Unidos en julio pasado y no pudo ejercer como agregado de la Policía en la Embajada de Colombia en Washington. En el caso de Sarabia, el proceso ha saltado de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia a anticorrupción, y no se conocen mayores avances, más allá de que se advirtió de una eventual imputación de cargos en su contra.
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