En una decisión sin precedentes en la historia política y judicial de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en calidad de determinador.
Por SEMANA
Un fallo demoledor, pues la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, no solo le impuso la máxima pena por estos delitos, sino que, además, tomó la decisión de ordenar su captura de forma inmediata, pese a que la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, anunció la apelación del fallo, que será radicada el próximo 13 de agosto.
Este viernes, a pocas horas de iniciarse la audiencia, Colombia ya conocía la decisión y el revuelo reinó. Y no era para menos. En el documento de 1.114 páginas quedaba claro el veredicto contra el expresidente. Una sentencia que no tuvo contemplaciones; fue la pena máxima que incluso superó las expectativas de la Fiscalía, que pidió nueve años de condena. Además, el expresidente Uribe no podrá ejercer cargos públicos por más de ocho años y se le suma el pago de una multa, que asciende a casi 3.440 millones de pesos.
Pero uno de los aspectos que más levantó ampolla fue la decisión y, sobre todo, los argumentos de la jueza para que la detención del mandatario se impusiera de forma inmediata. “Se libre la correspondiente boleta de encarcelación, debiéndose por parte del establecimiento carcelario encargado de la vigilancia, proceder a su traslado inmediato, a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria, y se realizarán los controles respectivos”, se lee en la parte resolutiva del extenso fallo.
Entre los argumentos consignados en la decisión de la jueza 44, duramente rebatidos por el expresidente Uribe, se advierte que “la privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena”.
Pero lo que más causó polémica fue el planteamiento de que el expresidente Uribe se volara para evadir la justicia. En ese sentido, el fallo advierte: “También hemos de resaltar, dadas las ocupaciones que manifestó desarrollar, su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podría abandonar el país para eludir la sanción impuesta”.
No es la primera vez que Uribe es detenido. En agosto de 2020, el proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia, y la Sala de Instrucción ordenó su captura. Semanas después, a través de un recurso, el Tribunal Superior de Bogotá echó para atrás la decisión que en su momento aceleró la renuncia del expresidente al Senado para asumir su defensa. En ese proceso, dos fiscales diferentes pidieron la preclusión del proceso.
En la administración de Luz Adriana Camargo como fiscal general, una de sus primeras decisiones fue acusar a Uribe y llevarlo al juicio que hoy terminó con la condena en primera instancia.
El caso Uribe ha tenido particularidades que llaman la atención. Por ejemplo, la atípica decisión de la jueza de sesionar durante 67 días, casi de forma ininterrumpida, sin abordar más casos para sacar en tiempo récord la decisión que abrió un intenso debate. El mismo expresidente, en medio de la audiencia, se tomó más de dos horas para ejercer su defensa y criticó con ahínco la decisión, que calificó como un “fallo político que me condenó”.
En la sentencia quedó consignado lo dicho por 93 testigos y peritos; 38 presentados por la Fiscalía y 55 por la defensa del expresidente Uribe. Sin embargo, esta es justamente una de las polémicas. Las pruebas de la defensa fueron en su mayoría cuestionadas y derrotadas, dándoles credibilidad de forma casi unilateral a los argumentos de la Fiscalía y las víctimas.
Uno de los temas que más controversia ha suscitado tiene que ver con las interceptaciones telefónicas a Uribe, que se han justificado como “un error”, pero de igual manera se mantuvieron y se les dio validez, aunque, en el fallo, se advirtió que las escuchas eran para otra persona.
“El informe parcial n.º 11-224772, fechado el 28 de marzo de 2018, en el que consignó que la línea intervenida no correspondía al sujeto investigado en ese caso”. Aun así, continuaron las escuchas y fueron justificadas en la decisión: “No puede pasar por alto el despacho el hecho de que la confusión en torno a la línea telefónica objeto de interceptación reviste una gravedad considerable (…) la falta, aunque delicada, fue el resultado de un contexto de información dispersa y abundante, y no de una actuación dolosa o negligente”.
El expresidente Uribe no solo se refirió a la interceptación arbitraria y a su juicio ilegal, sino a la manipulación de estas escuchas por parte de la Fiscalía, que cambió palabras y ocultó otras para, según su defensa, acomodarlas y acusarlo, cuando es claro que, en ninguna de estas interceptaciones, aseguró Uribe, se le da órdenes al abogado Diego Cadena de transar testimonios a su favor y, por el contrario, pedía que los testigos dijeran la verdad.
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