El tiroteo más mortal en la ciudad de Nueva York en los últimos 25 años —en un estado con algunas de las leyes de armas más estrictas del país— está generando preguntas sobre cómo un atacante con antecedentes de problemas de salud mental pudo obtener varias armas de fuego y viajar sin ser detectado por varios estados para perpetrar el ataque.
Por CNN
El atacante que ingresó el lunes a un edificio de oficinas en Midtown Manhattan, armado con un fusil de estilo asalto tipo M4, y abrió fuego, tenía permiso para portar un arma oculta en su estado natal, Nevada, según las autoridades.
También había sido ingresado contra su voluntad en hospitales psiquiátricos en 2022 y 2024, informaron fuentes policiales a CNN. Pero eso no necesariamente le habría impedido obtener su licencia en 2022 o comprar armas de fuego, dependiendo de las circunstancias de esos ingresos, según expertos en leyes de armas.
Shane Devon Tamura, de 27 años y residente de Las Vegas, mató a cuatro personas en el edificio de oficinas 345 Park Avenue e hirió a otra antes de suicidarse, según la Policía.
Si bien expertos en salud pública insisten en que la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son violentas, aún quedan preguntas sobre los detalles de los ingresos psiquiátricos de Tamura y si estos habrían aparecido en una revisión de antecedentes.
El caso pone de manifiesto la gran brecha en el intercambio de información de salud mental con el Gobierno federal, un problema que se atribuye a la falta de financiamiento para gestionar o exigir dichos datos, así como a cuestiones de privacidad, según Thomas Chittum, exsubdirector adjunto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Tamura tenía “antecedentes documentados de problemas de salud mental”, según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, además de un encuentro previo con las autoridades.
Tamura fue arrestado y acusado de entrada ilegal, un delito menor, en 2023 en el condado Clark, Nevada, después de negarse a abandonar un casino de Las Vegas tras intentar retirar unos US$ 5.000, según el informe policial. Una base de datos judicial sugiere que la fiscalía decidió no presentar cargos, por lo que el incidente no le habría impedido obtener un arma.
El caso también pone bajo la lupa las ventas privadas de armas.
El arma tipo AR-15 utilizada en el tiroteo fue comprada legalmente el año pasado por el supervisor del atacante en el casino de Las Vegas donde trabajaba, informaron a CNN dos autoridades policiales. Según esas fuentes, el supervisor la ensambló y luego se la vendió a Tamura por US$ 1.400; así lo afirmó en una entrevista con los investigadores y está cooperando con las autoridades.
Todavía no está claro si la venta privada entre Tamura y el supervisor incluyó una revisión de antecedentes.
Sin embargo, el supervisor, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, podría enfrentar problemas legales si la investigación determina que la transferencia del arma se realizó en Nevada y que la venta privada no siguió la ley estatal que exige verificaciones de antecedentes, según Warren Eller, experto en violencia con armas de fuego y profesor asociado del John Jay College of Criminal Justice.
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